El plan, presentado por Isabel Rodríguez, incorpora una cláusula antifraude tras el caso de las VPO de Alicante y refuerza la oferta de vivienda asequible, la rehabilitación y las ayudas a jóvenes y familias
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles. Este plan blindará las viviendas públicas con carácter permanente y contempla una "cláusula antifraude" para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el caso de las VPO de Alicante.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha destacado que la ciudadanía está demandado un acuerdo de país en torno a la vivienda y ha dicho que este plan es un paso importante para dar solución a este problema para siempre. Como principal novedad, se protege de manera indefinida el carácter de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.
Otra novedad: el plan incluye la denominada "cláusula antifraude" para combatir posibles amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial tras el escándalo de las VPO de Alicante que investiga la Justicia. La ministra asegura que los registros de demandantes de viviendas y la adjudicación de las mismas han de ser transparentes
El 40% de su presupuesto irá destinado a aumentar la oferta de Vivienda protegida, otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas como las destinadas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero de las familias y la intervención en zonas tensionadas.
El Gobierno central asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto. La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.
No le convence al Gobierno regional el Plan Estatal de vivienda aprobado por el Ejecutivo central porque lo considera "electoralista y con escasa eficacia real". Es la opinión del consejero de Fomento, Jorge García Montoro, quien califica de falsa la cifra de asignación para la Región dada por la ministra, ya que de los 308 millones anunciados, Murcia tendrá que poner una parte, 123 millones de euros.
Recupera García Montoro la frase "yo invito y tú pagas" pues considera que se incrementa el presupuesto, pero a costa de los recursos de las comunidades, obligándolas a asumir un fuerte aumento de la cofinanciación para sostener medidas con un marcado carácter electoralista y escasa eficacia real. Cree además que el Ejecutivo central no respeta las competencias en esta materia de las autonomías que son las que deben ejecutar esas política.
Para el Ejecutivo murciano, el planteamiento económico del Plan de Vivienda "carece de credibilidad" ya que el Gobierno central no tiene aprobados los Presupuestos Generales del Estado.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, defiende el nuevo Plan Estatal de Vivienda y recalca que su objetivo es claro: dar respuesta a uno de los principales problemas de nuestra Región. El Gobierno de España moviliza 308 millones de euros para estas políticas en la comunidad, lo que equivale a 258 millones más que en el plan anterior.
Francisco Lucas critica la falta de actuación del Gobierno autonómico que lleva, dice, ocho años sin construir vivienda pública, que no regula los alquileres y acusa a López Miras de perder el tiempo.
Manifiesta que la Región no puede seguir siendo una de las comunidades donde más suben los precios de la vivienda y defiende que va a seguir trabajando para garantizar su acceso de manera digna.
