El decreto podría beneficiar a cerca de 500.000 personas y abre una nueva vía legal para la residencia y el trabajo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular en España, una medida calificada como histórica y que no se producía desde hace más de dos décadas.
El Gobierno estima que la iniciativa podría beneficiar a alrededor de medio millón de personas, en un contexto en el que se calcula que hay unas 840.000 personas sin papeles en el país.
El proceso permitirá acceder a una autorización de residencia y trabajo, siempre que se cumplan requisitos como haber estado en España antes de finales de 2025, acreditar una estancia mínima y carecer de antecedentes penales.
Además, el decreto introduce medidas para agilizar los trámites, como facilitar la obtención de documentación del país de origen o permitir compatibilizar la solicitud de asilo con el proceso de regularización.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la medida como un “acto de normalización” que reconoce la aportación de los migrantes a la economía y a la sociedad española, subrayando su papel en sectores clave como los cuidados o la agricultura.
Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas desde la oposición, que la considera una decisión controvertida, mientras que desde la Unión Europea se advierte de posibles implicaciones en otros países miembros.
El proceso de solicitudes se abrirá en las próximas semanas y se extenderá hasta finales de junio, en un operativo que prevé gestionar cientos de miles de expedientes y que marcará un punto de inflexión en la política migratoria española.
Esta regularización extraordinaria de inmigrantes dará permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas en nuestro país, 25.000 de ellas en la Región de Murcia. Los trámites comenzarán este jueves 16 de abril de forma telemática y el día 20 de forma presencial en algunas oficinas de Extranjería, Seguridad Social, y Correos. El plazo del proceso finalizará el 30 de junio.
Los solicitantes tienen que demostrar un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. También se pide cumplir con una de estas tres condiciones: demostrar algún vínculo laboral, poder acreditar la reagrupación familiar o encontrarse en situación de vulnerabilidad acreditada. El proceso ofrece la posibilidad de obtener el permiso a los peticionarios de protección internacional.
Las solicitudes vía telemática se pueden presentar desde el jueves 16 de abril a través de la web del Ministerio de Inclusión las 24 horas al día. Para la solicitud presencial será imprescindible la cita previa, que se podrán conseguir desde el jueves también a través de la web del ministerio y del teléfono 060. La ministra Elma Sáiz ha explicado que participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde; sucursales de Correos, y algunas oficinas de Extranjería también en horario de tarde.
El Gobierno ha preparado un plan operativo y contará con 550 profesionales extra para tramitar las solicitudes. La resolución de la autorización dependerá de las unidades de Extranjería del ministerio
Tras las recomendaciones del Consejo de Estado, el texto endurece las condiciones para conseguir la regularización en cuanto a los antecedentes penales. El Gobierno quería que bastara la petición de esos antecedentes y una declaración voluntaria del solicitante de que no los tenía. Ahora, parece que se flexibiliza el plazo para poder obtener el certificado, según explica Jorge Serrano, director de la Fundación para la Ciudadanía Global.
Según estimaciones de la Fundación para la Ciudadanía Global, en la Región de Murcia, donde residen unos 40.000 extranjeros en situación irregular, se espera la presentación de 35.000 solicitudes, aunque finalmente podrían aprobarse unas 25.000.
El Gobierno regional se ha mostrado partidario de una inmigración ordenada y regular. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, dice que estudiarán el texto y espera que el decreto venga acompañado de los recursos económicos suficientes porque la regularización supondrá atender a más personas des de los servicios sanitarios y sociales.
Desde el PP, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, dice que la medida es una "temeridad" y que los populares se oponen a las regularizaciones masivas de inmigrantes.
Vox ha lanzado una campaña con el lema "La inmigración masiva tiene consecuencias", en la que denuncia los costes que, en su opinión, conlleva la llegada "masiva" de inmigrantes. Este partido también ha anunciado que recurrirá ante el Supremo el decreto de regularización extraordinaria para solicitar su suspensión cautelar y la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, habla de "invasión migratoria".
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, defiende que gracias a esta norma "España avanza en derechos". La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dice que se trata de una medida de "pura justicia social" para que los migrantes trabajen con derechos.
El presidente del Gobierno ha celebrado la regularización de migrantes como un acto de justicia y de necesidad. Tras asegurar que "de Vox no se puede esperar nada", Pedro Sánchez ha pedido al Partido Popular que "escuche" a la patronal y a la Iglesia Católica y sea "coherente" porque, recuerda, el PP también regularizó a inmigrantes en tiempos de Aznar.
La medida está dirigida a todas las personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales.
Para demostrar el tiempo que la persona lleva en España se podrá recurrir al padrón municipal pero también a otro tipo de medios como un informe médico, un contrato de luz o alquiler o un certificado de envío de dinero.
Para beneficiarse de la regularización, es necesario acreditar mediante un certificado que la persona interesada carece de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen o donde haya residido durante los cinco años previos a su llegada a España.
Ante las dificultades por parte de algunos consulados y embajadas para conseguir este certificado, el real decreto contempla que, si el beneficiario no obtiene respuesta del país en un mes, podrá aportar una declaración responsable de que lo ha intentado y entonces será el Gobierno de España el que lo solicite al país por la vía diplomática.
Si pasados tres meses el Ejecutivo tampoco lo consigue, se le comunicará al interesado y, después de 15 días, se dará su solicitud por desistida.
El real decreto establece tres casos de beneficiarios de la medida: haber trabajado en España o tener una oferta o un contrato para hacerlo; tener hijos menores de edad u otras personas a su cargo o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Aunque en un primer momento el Gobierno había establecido la presunción de que toda persona en situación irregular se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, finalmente ha incorporado la obligación de acreditar esa circunstancia mediante un informe ratificado por una entidad social, cuyo formulario se podrá encontrar en la web del ministerio.
El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a tramite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.
Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.
En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las solicitudes de miembros de una misma unidad de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.
Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.
