El magistrado indica que existen indicios suficientes para entender que la exconsejera de Medio Ambiente habría cometido un delito de prevaricación. También procesa al exdirector general del Agua, Andrés Martínez
REDACCIÓN. Murcia
El titular del juzgado número 2 de Murcia, Angel Garrote, ordena que continúen las diligencias por presunta prevaricación contra la exconsejera de Medio Ambiente, Adela Martínez-Cachá y el que fuera director general de Agua de la Comunidad, Andrés Martínez, por la construcción de la tubería de la Marina del Mar Menor en el año 2016
Se rechaza así la petición de la que fuera consejera para el archivo de la causa, tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción en 2016 y por la Fiscalía. Ahora la tramitación iría por el procedimiento abreviado, lo que implicaría la señalación de la fecha de juicio en un plazo de 10 días si así lo pide el Fiscal.
El auto dictado por el juez este lunes indica que existen indicios suficientes para entender que ambos han cometido delito de prevariación; Adela Martinez Cachá, como autora; y Andrés Martínez
Francés, como cooperador necesario.
Los motivos que expone el magistrado Garrote es que los acusados sabían que la finalidad de la tubería que partía de la rambla del Albujón era trasladar el agua hasta la comunidad de regantes Arco Sur para su desalación cuando el órgano competente para emitir la valoración ambiental aún no se había pronunciado. Aún así Andres Martinez emitió informe favorable y propuso las obras de emergencia, un documento que firmó la consejera Cachá imponiendo su propio criterio frente al órgano autónomo competente, como es la dirección general de Evaluación Ambiental. Este departamento llegó a realizar un informe haciendo constar que sería necesaria la consulta al ministerio de Medio Ambiente porque la obra para la canalización, de entre 5 y 6 metros de anchura, afectaba a un espacio natural protegido y el fin del agua era la desalación.
El titular del juzgado número dos de Murcia apunta que tanto la exconsejera como el exdirector del Agua optaron por imponer su propio criterio y voluntad, quizás acuciados por la grave crisis ambiental afectante al Mar Menor, por la necesidad de agua de los regantes, o por solucionar estos dos problemas de una manera rápida. Con todo, dice Angel Garrote, los investigados sabían que la orden era ilegal
La sentencia concluye que la tubería fue una obra manifiestamente inútil que ha costado al erario publico 1.760.000 euros.
