Se amplía a 18 meses el plazo para la instrucción de la denuncia que la Fiscalía presentó contra el expresidente de la Comunidad por la desaladora de Escombreras
REDACCIÓN. Murcia
El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha ampliado a 18 meses el plazo para la instrucción de la denuncia que la Fiscalía presentó contra el expresidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, por la desaladora de Escombreras , debido al carácter "complejo" de la causa, según fuentes judiciales.
Así, la titular de dicho Juzgado declara ese carácter complejo de la instrucción de las diligencias seguidas por supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones, tal y como solicitó el Ministerio Fiscal.
Dado que "no podrá concluirse la instrucción en el plazo ordinario de seis meses desde la fecha del auto de incoación por implicar el examen de abundante documentación, la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas y públicas y tener por objeto numerosos hechos punibles".
En una providencia anterior, la magistrada rechaza la petición de la acusación popular de la declaración del denunciado por delitos contra el medio ambiente y asociación ilícita -distintos a los denunciados por el Ministerio Fiscal-, indicando que ésta tiene "naturaleza adhesiva a la denuncia del Ministerio Fiscal y por los delitos allí designados".
El pasado mes de diciembre la Audiencia Provincial declaró competente al juzgado de Instrucción número 1 de Murcia para conocer la denuncia de la Fiscalía contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel por el caso Desaladora, de presuntas irregularidades en la construcción y gestión de esta infraestructura.
La Fiscalía había pedido que las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número Uno de Murcia pasaran al número Cinco, por ser este el primero que comenzó a investigar los presuntos delitos que se abrían cometido en torno a las obras de la desalinizadora.
En la denuncia presentada contra Ramón Luis Valcárcel el pasado julio, la fiscal pidió que se le llamara a declarar como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvención, además de reclamar la declaración de complejidad.
