El catedrático Santiago Álvarez y Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, defienden aplicar plenamente la normativa, mientras el sector porcino de Fuente Álamo reclama quedar exento de las restricciones
«No se puede premiar al defraudador». Con esta afirmación, el catedrático de Derecho Santiago Álvarez ha rechazado los argumentos a favor de reformar la ley de protección del Mar Menor durante su comparecencia en la Asamblea Regional, en el marco de la comisión parlamentaria que estudia la propuesta de modificación de la normativa.
Álvarez ha advertido de que la reforma podría suponer una especie de «amnistía» para quienes incumplen la legislación, al considerar que las modificaciones beneficiarían a los infractores en lugar de reforzar la protección ambiental. Asimismo, se ha mostrado sorprendido por la falta de datos sobre las multas impuestas, una circunstancia que, a su juicio, dificulta justificar la necesidad de cambiar la ley.
La presidenta de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez, también ha cuestionado la necesidad de reformar la ley del Mar Menor. Según ha defendido durante su intervención, la normativa todavía no se ha desarrollado por completo y su aplicación ya está ofreciendo resultados positivos.
Por ello, Martínez considera que la prioridad debería ser completar la implantación de las medidas contempladas en la legislación actual antes de plantear modificaciones. Su postura coincide con la defensa de avanzar en la aplicación de las herramientas de protección existentes para evaluar sus efectos.
Una posición distinta ha defendido el representante del sector porcino de Fuente Álamo, José Andrés García, quien ha reclamado que las explotaciones ganaderas del municipio queden al margen de las restricciones vinculadas a la protección de la laguna.
García ha argumentado que Fuente Álamo no se encuentra sobre el acuífero cuaternario y que, por tanto, las explotaciones porcinas de la zona deberían quedar exentas de determinadas exigencias ambientales. El representante del sector ha sostenido, además, que la actividad ganadera del municipio no afecta al Mar Menor.
Las comparecencias celebradas en la Asamblea Regional reflejan las distintas posiciones ante la propuesta de reforma de la ley: mientras los expertos defienden completar el desarrollo de la normativa vigente, el sector porcino de Fuente Álamo reclama un tratamiento diferenciado para su actividad.
