El colectivo alerta de derivaciones a clínicas privadas que, según afirma, carecen de los medios técnicos y las medidas de seguridad necesarias para este tipo de intervenciones.
Protocolos que califican de crueles y negligentes, escasez de información y falta de seguridad son algunas de las situaciones a las que, según la plataforma, se enfrentan las mujeres derivadas a estas clínicas privadas para interrumpir su embarazo.
El convenio del Servicio Murciano de Salud (SMS) con estos centros expiró el pasado mes de julio. Ante la posible renovación del acuerdo por parte del Gobierno regional, el colectivo exige que estos procedimientos se realicen en la sanidad pública.
La organización también reclama el cese de uno de los miembros del Comité Clínico, el órgano que interviene en los casos de interrupción del embarazo después de las 22 semanas por motivos médicos. El colectivo sostiene que la condición de objetor de conciencia de este facultativo compromete la imparcialidad del órgano y exige que no se renueve su nombramiento previsto para el próximo día 17. Según denuncia la plataforma, este facultativo lleva 16 años formando parte del comité.
Por su parte, la asociación El Defensor del Paciente considera que la derivación de pacientes a clínicas privadas fomenta la exclusión y la ocultación de este proceso. Su presidenta, Carmen Flores, pide que se tenga en cuenta la carga psicológica que supone para las pacientes afrontar una interrupción del embarazo por motivos médicos.
Desde la Consejería de Salud aseguran que actúan conforme a la legislación vigente, mediante un modelo de prestación concertada con centros acreditados y vinculados al sistema sanitario.
