El primer pleno de control al gobierno de este curso parlamentario ha sido tenso, con reproches para el gobierno de Pedro Sánchez de la oposición e incluso de sus socios parlamentarios
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez, de "desproteger" España y de estar sometido al chantaje de Marruecos.
Desde las filas de VOX iban un poco más allá al hablar de Pedro Sánchez como rehén del régimen marroquí.
Pedro Sánchez se ha defendido de las acusaciones atacando. Aun reconociendo que hay muchas cosas que mejorar, ha sido tajante a la hora de afirmar que no acepta chantajes de nadie.
A ambos, pero especialmente al PP les ha reprochado su insolidaridad y sus ataques cuando hablan de invasión con niños por en medio.
Aunque los líderes han sido los principales protagonistas ha habido también otras intervenciones. Por ejemplo la de la diputada ciezana del PP Miriam Guardiola ha acusado al Gobierno de abandonar Ceuta durante la crisis migratoria y de no actuar ante la llegada de embarcaciones irregulares a la Región de Murcia.
Félix Bolaños ha admitido que Ceuta todavía no ha recuperado la normalidad. El ministro asegura que el Gobierno ha elevado a 1.700 los agentes desplegados, ha aprobado ayudas por 310 millones de euros y ampliará de 500 a 6.000 las plazas de acogida. También acusa al PP de utilizar la crisis con fines partidistas y de no colaborar en su solución.
En el pleno ha habido referencias también al informe PISA, a las críticas que el ejecutivo ha dirigido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón o de la ley de nietos.
A todas estas cosas se ha referido Pedro Sánchez en una entrevista en Televisión Española. Sobre la suspensión de derechos electorales por la ley de nietos, dice el presidente que no entiende el cambio de opinión del PP, que aprobó la ley y de dejarse llevar por postulados conspiranoicos de la ultraderecha.
A propósito del listado de periodistas elaborado por el Ministerio del Interior, Pedro Sánchez resta importancia a un documento que si considera poco apropiado.
Añadía que no comparte la resolución del Supremo, una postura de la que no solo difiere el PSOE, sino que también lo hace la Junta Electoral Central, quien es "positiva al reconocimiento de estos derechos de ciudadanía".
