Antonia, una vecina de Alcantarilla, afronta la amenaza de perder su hogar tras vender el banco a un fondo buitre la casa en la que lleva viviendo 23 años tras pagar todas las cuotas de un alquiler social
El impacto social del desahucio de Maricarmen, en Madrid con 87 años, nos ha llevado a preguntarnos cuál es la situación en la Región de Murcia. La Comunidad no es ajena a los desahucios. El primer trimestre de 2026 ha dejado 198 lanzamientos judiciales, 72 por ejecución hipotecaria y más de 100 por impagos en el alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Aunque el problema se había atenuado por la vigencia del escudo social hasta febrero de este año, es a partir de ahí cuando comienzan a crecer las situaciones en las que la gente con situaciones vulnerables tiene que salir de su casa, como explica Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
La falta de vivienda pública, los precios desorbitados en la compra y en el alquiler, y las 130.000 viviendas vacías que hay en la Región de Murcia y que están fuera del mercado están acentuando una tendencia.
Reclaman que el Consejo de Ministros vuelta a tramitar un decreto para ser llevado al Congreso y que se vuelvan a someter a votación medidas de protección para quienes están desprotegidos ante amenazas como la de los fondos buitre. El caso de Mari Carmen, en Madrid, advierten, debe servir para poner de acuerdo a todas las grandes fuerzas políticas.
Hace 23 años que Antonia, una vecina de Alcantarilla de 64 años, compró su vivienda, que años después tuvo que dar al banco como dación en pago. Un alquiler social pactado con la entidad financiera le ha permitido residir en la vivienda hasta que un fondo buitre se ha hecho con la propiedad de la misma. Ahora vive con la amenaza inminente de desahucio, pese a haber abonado las cantidades pactadas en concepto de alquiler.
Después de atravesar dificultades económicas y familiares que le llevaron a entregar su vivienda al banco a cambio de un alquiler social, asegura que la situación cambió cuando el inmueble pasó a manos de un fondo de inversión.
Dejó de poder ingresar el dinero en una cuenta bancaria en la que efectuar los pagos y comenzó a recibir comunicaciones para abandonar la vivienda hasta que hasta que se plantaron en su casa los trabajadores del propio banco.
Asegura además que las alternativas que encuentra en el mercado, con alquileres de entre 700 y 800 euros, quedan fuera de sus posibilidades económicas y que algunas viviendas requieren garantías o seguros que no puede conseguir. Delegación del Gobierno está intentando ralentizar el desahucio mientras negocia con SAREB para encontrar una vivienda que ajuste a sus posibilidades económicas.
Podemos denuncia que el portal estatal de vivienda pública Casa 47 no ofrece, a día de hoy, ninguna casa disponible en la Región de Murcia. La diputada regional María Marín exige explicaciones al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y cuestiona la utilidad de una herramienta que, asegura, no permite ofrecer una alternativa habitacional ante un desahucio.
Marín ha calificado de escándalo y vergüenza que Murcia no figure entre las comunidades con viviendas disponibles en este portal, creado el pasado 7 de septiembre por el Ministerio de Vivienda y que reúne inmuebles procedentes, entre otros, de la Sareb. La diputada de Podemos reclama al Gobierno central que actúe ante situaciones de vulnerabilidad como la de familias con menores o personas en riesgo de exclusión.
