El Gobierno murciano se suma a otras autonomías gobernadas por el PP y confirma que recurrirá el decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes. Critica que se ha hecho de espalda a las comunidades autónomas y ayuntamientos al no tener en cuenta el coste económico que supondrá en la fase de solicitud y tras el proceso. 

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Marcos Ortuño, asegura que las comunidades están sufriendo el descontrol de fronteras provocado por el Gobierno de España y que la nueva regularización tensionará aún más los servicios públicos.

Ortuño ha lamentado que ya se está produciendo un colapso en servicios públicos como oficinas de Correos, Extranjería o Servicios Sociales de comunidades y ayuntamientos que no cuentan con los medios humanos y materiales para atender la demanda de solicitudes.

También el de sanidad

El PP en la Región no descarta recurrir la norma que amplia y unifica el acceso a la sanidad pública para extranjeros en situación irregular. El presidente de la Comunidad, respondiendo a Vox en el pleno de control al ejecutivo, ha coincido con esta formación en que la extensión de atención sanitaria es económicamente inasumible con los recursos actuales. Advertía también de un posible aumento de la presión asistencial sobre el Servicio Murciano de Salud. No puede concretar datos. 

Vox ha respaldado la posibilidad de recurrir la norma y ha vinculado la medida con el incremento de las listas de espera. El diputado Martínez Alpañez aprovechaba también para cargar contra el proceso de regularización de inmigrantes, con el que se penaliza al que cumple mientras favorece al delincuente.