Se acusaba a Inmaculada Sánchez Roca y a Joaquín Rubio por retrasar la nueva licencia para la apertura de la cantera Arimesa. Sánchez Roca recomienda a la empresa que "gasten sus esfuerzos en hacer las cosas bien"
REDACCIÓN. Murcia
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha archivado la querella por prevaricación presentada por la empresa cantera Arimesa contra la alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, y el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio.
Fuentes municipales han informado hoy de que la querella que dio origen al procedimiento denunciaba que el Ayuntamiento alargó deliberadamente durante siete años la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística que Arimesa necesita para poder obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva licencia de actividad.
En concreto, acusaba de un delito de prevaricación por omisión tanto a la regidora socialista como a su primer teniente de alcalde, de Alternativa por Santomera, y al arquitecto municipal.
El ayuntamiento ha recordado hoy que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia ordenó en 2015 el cierre de las instalaciones de la cantera por carecer de una licencia de actividad válida, puesto que la emitida en 1974 por el Gobierno Civil -Santomera era por entonces una pedanía de Murcia- solo les permitía la trituración y clasificación de áridos, pero no así las actividades extractivas propias de una cantera.
La regidora recomienda a Arimesa que "gasten sus esfuerzos en hacer las cosas bien" en lugar de querellarse contra los que cumplen "estricta y rigurosamente la ley". Sánchez Roca ha añadido que la empresa puede presentar todos los recursos que quiera porque no van a prosperar, como tampoco lo han hecho hasta el momento.
ARIMESA ANUNCIA QUE RECURRIRÁ
Por su parte, Arimesa recurrirá ante la Audiencia de la Región de Murcia el archivo de la querella. En un comunicado, la compañía considera que más allá del conflicto por los trámites burocráticos que se alargan artificialmente entre la empresa y el Ayuntamiento, como queda reflejado en el escrito de la magistrada del Juzgado de Instrucción 8, hay una mala intención en las gestiones administrativas municipales que les cuestan el empleo a las 56 familias que estaban contratadas.
El retraso en el otorgamiento de la cédula de compatibilidad urbanística desde hace más de siete años mantiene la producción parada y a los trabajadores 'en la calle', según la empresa.
