El pleno de la sala de lo contencioso administrativo decide por 15 votos a 13 rechazar los recursos planteados y volver a la doctrina anterior
REDACCIÓN | EFE
El Tribunal Supremo ha acordado este martes que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada hace tres semanas, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
Tras dos días de deliberaciones, el pleno de la sala de lo contencioso administrativo ha decidido, por 15 votos contra 13, rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre, de modo que sea el hipotecado el que asuma la tasa.
En las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el alto tribunal retrocede así al criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.
44.000 AFECTADOS EN LA REGIÓN
La decisión adoptada por el Supremo deja de momento sin posibilidad de recuperar el importe abonado por este concepto a un millón y medio de hipotecados. De haberse mantenido que era la banca la que debía hacerse cargo de la tasa, las comunidades autónomas, que son las que lo han recaudado porque se trata de un impuesto transferido, deberían haber hecho frente a a un pago de 3.600 millones de euros a los contribuyentes. Son cálculos de los técnicos de Hacienda para los últimos cuatro años, que es el período no prescrito.
En la Región se calcula que unos 44.000 ciudadanos esperaban recibir la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos. La media que confiaban recuperar era de 2.500 euros por persona lo que elevaría el total a 90 millones. Si se hubiera reconocido la retroactividad superior a esos cuatro años el importe se habría disparado hasta los 900 millones de euros.
Entre julio de 2014 y el mismo mes de este año, último dato facilitado por el Instituto Nacional de Estadística, se firmaron en España cerca de 1,5 millones de préstamos hipotecarios para la compra de todo tipo de fincas, por un importe de unos 190.000 millones de euros.
