El proyecto urbanístico pretendía crear un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en Lo Poyo. Para el exconsejero Bascuñana el ministerio fiscal pide seis años y medio de inhabilitación
EUROPA PRESS
La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, por la recalificación de los terrenos protegidos del Mar Menor en los que se proyectaba la construcción del resort 'Novo Carthago'.
Consistía en la construcción por parte de la entidad Hansa Urbana, de un campo de golf, hoteles y más de 10.000 viviendas en la zona conocida como Lo Poyo, que estaba calificada por el (PGOU) Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena como de Especial Protección Mar Menor (NUPM) y donde una parte de los terrenos estaban calificados como LIC, ZEPA y Zepin y otra parte como No Urbanizable de Protección del Trasvase (NUPT).
En su escrito de calificación provisional, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano pide, concretamente, una pena de cárcel de tres años y seis meses para el que fuera consejero en la época de Ramón Luis Valcárcel, como autor del concurso ideal del delito de falsedad en documento público y delito continuado de prevaricación, además de 14 meses multa a razón de 30 euros de cuota diaria y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, con responsabilidad subsidiaria por impago de la multa de 1 día de prisión por cada 2 cuotas impagadas.
Igualmente, para el exconsejero y exdelegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, pide seis años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación.
También solicita que el ex presidente Ramón Luis Valcárcel, actual vicepresidente del Parlamento europeo, la ex alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP, Pilar Barreiro, o el ex consejero Francisco Marqués declaren como testigos.
EL PROYECTO
La empresa Hansa Urbana proyectó la construcción de un gran complejo residencial conocido como Novo Carthago. En éste se incluía un campo de golf que se habría de ubicar en el Espacio Natural Protegido de los 'Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor', en el Saladar de Lo Poyo de Cartagena, en concreto, en la Subunidad de 'Regadíos de Miramar'.
Para realizar este proyecto, Hansa Urbana compró por 18,1 millones de euros cuatro fincas rústicas denominadas Miramar. La entidad compradora era consciente de que en una parte de esos terrenos no se podía construir, pues así se reflejó mediante condición expresa en la escritura de compraventa donde se hizo constar que Hansa Urbana S.A. iba a promover una Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena para que se cambiase la clasificación del suelo a urbanizable sectorizado, a través del correspondiente plan parcial, que se tramitaría a iniciativa de Hansa Urbana S.A., aplazando el pago de determinadas cantidades hasta la aprobación inicial y la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial.
Sin embargo, el panorama cambió cuando Cerdá, en su condición de consejero de Agricultura, firmó una orden de reinicio del PORN 2003 de los 'Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor', que se publicó el 30 de junio de 2013.
Para la redacción de esa propuesta, la Comunidad no recabó el informe que debía elaborarse a tal efecto por el Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, dependiente de dicha Dirección General.
Cerdá pidió que se elaborara un documento por el que "sin cambiar gran cosa, se cambiase el uso de agricultura intensiva por el de zona recreativa".
Del conjunto de lo actuado se desprenden indicios de que este reinicio, irregularmente realizado, se llevó a cabo con la exclusiva finalidad de introducir las modificaciones normativas que permitieran la construcción del campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana, en la Unidad de Subregadíos de Miramar del Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena.
Por su parte, Marqués firmó la Orden por la que acordaba la apertura de un nuevo trámite de información pública por un periodo de un mes, para el P.O.R.N. de los espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, haciendo constar en la primera línea que se apoyaba en la Orden de 12 de Julio de 2003, la que firmó Cerdá, con las irregularidades ya apuntadas al inicio de este auto.
Mientras que Bascuñana suspendió inicialmente el otorgamiento de la Aprobación Definitiva a fin de subsanar las deficiencias y recabar previamente dos informes, uno de la Consejería de Agricultura y el otro, la emisión de la DIA.
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