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La UDEF señala que la desaladora de Escombreras se gestó mediante el amaño de contratos entre el Gobierno regional y ACS

El coste para las arcas públicas sería de 600 millones de euros. Los partidos de la oposición citan al expresidente Valcárcel como último responsable político

24 ABR 2018 - 00:00
Imagen aérea de la desaladora de Escombreras
Imagen aérea de la desaladora de Escombreras. IAGUA.ES
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La UDEF señala que la desaladora de Escombreras se gestó mediante el amaño de contratos entre el Gobierno regional y ACS
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REDACCIÓN

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, incorporado en la investigación abierta sobre la desaladora de Escombreras sostiene que el Gobierno regional y la empresa ACS habrían llegado a un acuerdo para llevar a cabo un presunto fraude, con un coste para las arcas públicas de -al menos- 600 millones de euros. 

La investigación inicial  terminó a principios del mes de marzo con un auto de la juez instructora en el que identificó a 32 personas, entre ellas el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, a las que citará a declarar en calidad de investigados. 

Lo que describe el informe policial es lo que podríamos definir como un ejemplo de fraude "de libro": habla de un proceso concertado desde el primer momento entre el Gobierno murciano y ACS, para licitar la desaladora saltándose los controles a los que obliga la Ley : la compañía que preside Florentino Pérez pagó más de un millón de euros en facturas aparentemente falsas, para aliarse con inversores locales. Con ellos constituyó una sociedad, cien por cien propiedad de ACS, para hacer unas obras que presupuestó en 111 millones de euros .

Pocas semanas después, el Gobierno regional creó su propia empresa pública para que comprara el 51% de las acciones. Esa operación se realizó sin el visto bueno ni de la Intervención ni de los Servicios Jurídicos, y el resultado fue que la Administración regional asumió todas las cargas a las que ya se había comprometido ACS. El coste para las arcas públicas de esa operación rondó, según la UDEF, los 600 millones de euros.

REACCIONES POLÍTICAS

Ciudadanos ha incidido en Fernando de la Cierva, nuevo consejero de Hacienda y que formó parte del Consejo de Gobierno que dió luz verde a algunos de esos acuerdos en calidad de consejero de la Presidencia. El portavoz de la formación naranja, Miguel Sánchez, cita como último responsable político al expresidente Ramon Luis Valcárcel.

También el líder de Podemos, Oscar Urralburu, decía tener claro que fueron Valcárcel y Cerdá (exconsejero de Agricultura) los que diseñaron el entramado de Escombreras.

Mientras tanto la portavoz del Partido Popular en la Región, Nuria Fuentes, precisa que jamás habrá un consejero imputado en un gobierno presidido por Fernando López Miras, aunque exige a Ciudadanos que respete la presunción de inocencia cuando se refiere a Fernando de la Cierva.

Fuentes pide a la formación naranja la misma celeridad que en Escombreras cuando los populares soliciten en la Asamblea Regional la constitución de una comisión de investigación para la desaladora de Águilas, construída durante un gobierno socialista.

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