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Fiscalía abre diligencias por posible prevaricación de la secretaria de Fomento en las ayudas de los terremotos de Lorca

Según denuncia Izquierda Unida-Verdes, Yolanda Muñoz estaría dictando órdenes "injustas y contrarias a la ley" en el proceso de justificación de las ayudas públicas. Muñoz estudia tomar medidas legales contra IU

19 JUN 2019 - 00:00
Denuncia presentada por IU-Verdes en Lorca
Denuncia presentada por IU-Verdes en Lorca
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Fiscalía abre diligencias por posible prevaricación de la secretaria de Fomento en las ayudas de los terremotos de Lorca
00:27

REDACCIÓN. Murcia

La Fiscalía abrirá diligencias tras la denuncia de Izquierda Unida-Verdes en Lorca por un posible delito de prevaricación contra la secretaria de la Consejería de Fomento e Infraestructuras en funciones, Yolanda Muñoz. La denuncia está relacionada con el proceso de justificación de las ayudas públicas concedidas a los damnificados por los terremotos de Lorca, porque según la concejala de IU, Gloria Martín, hay "indicios" de que Muñoz está dictando órdenes "injustas y contrarias a la ley".

La edil de IU se ha referido a órdenes de la secretaria de Fomento por la que ésta desestima recursos de reposición planteados por los afectados, en los que éstos solicitan acogerse a la prescripción del derecho de la Comunidad de Murcia a exigir el reintegro de las ayudas.

Según Martín, Muñoz habría desoído el triple dictamen de los servicios jurídicos del ayuntamiento de Lorca, de la Comunidad y de la Abogacía del Estado.

RESPUESTA DE LA SECRETARIA DE LA CONSEJERÍA YOLANDA MUÑOZ

La secretaria general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, Yolanda Muñoz, estudia tomar medidas legales oportunas por injurias y calumnias a la concejal de Izquierda Unida-Los Verdes en Lorca, Gloria Martín, después de acusar de un posible delito de prevaricación a Muñoz sobre las ayudas concedidas a los afectados por los terremotos en la ciudad, según han informado en un comunicado fuentes de la consejería.

Yolanda Muñoz se ha puesto a disposición de la Fiscalía para prestar su “máxima colaboración para aportar los informes jurídicos del Estado y la Comunidad que avalan la resolución adoptada ante los recursos de reposición presentados por los afectados”.

La secretaria general ha insistido que se trata de una cuestión "estrictamente legal", en la que “han opinado únicamente los funcionarios jurídicos de las tres administraciones (Estado, Comunidad y Ayuntamiento), que coinciden plenamente en la aplicación de la legislación vigente”.

Según Fomento, "el criterio jurídico único es que la Administración dispone de un plazo de 4 años para solicitar la devolución de las ayudas públicas en el caso de que no se haya justificado el cumplimiento de la finalidad. Ese plazo comienza transcurridos 6 meses desde la finalización de las obras, y en el caso de obras ya realizadas, pasados 3 meses desde la notificación de la resolución de la concesión de la ayuda, sino se ha hecho con carácter previo a su concesión".

Muñoz ha asegurado que “en ningún caso se ha emitido una resolución sin los preceptivos informes de la Dirección General de Vivienda y de la Secretaria General, respaldados por los informes de la Abogacía del Estado, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, así como del Ayuntamiento de Lorca”.

Asimismo ha aseverado que “existe un único criterio legal y que es el seguido por las tres administraciones”.

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