Fiscalía dice que no peligra la causa y que se opondrá a su archivo después de que se haya revocado la petición de ampliación del plazo de instrucción
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Juzgado de Instrucción número Cinco de Murcia, que dirige las investigaciones sobre los presuntos delitos que se habrían cometido en el proyecto, construcción y adjudicación de la desalinizadora de Escombreras ha acordado este viernes suspender la declaración de varios testigos, que estaban fijadas para la próxima semana.
Esta decisión ha sido adoptada después de que la Audiencia Provincial de Murcia, en un auto notificado este jueves a las partes y contra el que no cabía recurso alguno, anulara la decisión del mismo juzgado de declarar la causa compleja porque la misma fue adoptada pasados los seis meses de instrucción.
La providencia dictada ahora señala que la suspensión de estas declaraciones, que se iban a desarrollar entre los días 12 y 14 de junio, no supone que la causa vaya a ser archivada.
Por el contrario, indica que en los próximos días decidirá, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si se decreta el sobreseimiento, lo que cabría en el caso de que no se advierta la comisión de ningún delito, o si se realizar la tramitación correspondiente para la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado para la preparación del juicio oral.
Entre los que estaban llamados a declarar como testigos se encuentran la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro; el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita.
También estaban convocados el interventor general de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, y el exdirector de los servicios jurídicos de la misma Francisco Ferrer.
La citación de los exregidores municipales, entre los que se encontraban también Daniel García, de Torre Pacheco, y María Antonia Conesa, de Fuente Álamo, tenía como objetivo esclarecer si el ejecutivo regional, a través del Ente Público del Agua (EPA), animó a todos ellos a pedir caudales para sus municipios para poder justificar así la necesidad de construir la desalinizadora.
Por su parte, la Fiscalía de la Región de Murcia considera que la causa abierta en 2016 para investigar la posible comisión de ilícitos penales en torno a la Desalinizadora de Escombreras, promovida por la Comunidad Autónoma, no corre peligro por el auto de la Audiencia Provincial que anula la ampliación del plazo de instrucción acordada por el juzgado por ser acordada fuera de plazo.
En opinión del ministerio fiscal, aunque hay pruebas pendientes de practicar que ya no se podrán llevar a cabo en cumplimiento del acuerdo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, la causa cuenta con elementos probatorios suficientes sobre los que basar la acusación.
Entre esos elementos figuran tanto las declaraciones de los investigados, que se realizaron dentro del periodo de instrucción de seis meses, como los documentos que ya fueron incorporados a la misma.
Entre los investigados que declararon en esa condición se encuentra el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, que pasó por el juzgado que instruye la causa dentro del citado plazo de seis meses, que expiró el pasado septiembre.
Por otra parte, aunque no se podrá practicar la prueba testifical prevista para la próxima semana, en la que iban a intervenir, entre otros, varios exalcaldes de municipios como Murcia y Cartagena, la investigación no se resentirá por ello, ya que los mismos serán llamados al juicio.
La fiscalía, han añadido las fuentes, se opondrá al archivo de las actuaciones si las defensas lo pide, postura que es la que mantiene desde hace meses. Con el material probatorio que se contiene en las actuaciones, se considera que el archivo de las actuaciones nunca sería posible.
