Un juzgado de instrucción los cita a prestar declaración por posibles vertidos contaminantes de desaladoras que no contaban con autorización de la CHS
REDACCIÓN | EFE. Murcia
La investigación que desde hace unos meses se lleva a cabo en un Juzgado de Instrucción de Murcia sobre la responsabilidad de los vertidos contaminantes al Mar Menor ha llamado a declarar como investigados a un total de 22 empresas y agricultores, lo que se llevará a cabo el próximo noviembre.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) han dicho que se trata de los representantes de siete explotaciones agrícolas y de quince agricultores, todos ellos, de la comarca del Campo de Cartagena.
Estas investigaciones tienen su origen en la operación llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado abril, que permitió el descubrimiento de plantas desalobradoras ilegales que, presuntamente, vertían a las ramblas de la zona o a pozos y que, finalmente, llegaban al acuífero y a la laguna.
Según el atestado elaborado por los agentes de la Benemérita, se calcula que esos vertidos presuntamente irregulares podrían alcanzar volumen cercano a los cuatro millones de metros cúbicos.
En estas diligencias, conocidas como “caso Topillo”, ya figuraban como investigados exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Consejería de Agricultura y Agua.
