Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hay acusadas de corrupción 56 personas físicas y 28 jurídicas
REDACCIÓN | EFE
La Región de Murcia se sitúa a la cabeza de España en número de personas físicas acusadas de corrupción, con 56, y jurídicas (28), en el segundo trimestre del año, según datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que señala que el 83 por ciento de las sentencias dictadas por juzgados y tribunales españoles son condenatorias.
Concretamente, entre los pasados 1 de abril y 30 de junio dictaron treinta sentencias en procedimientos por corrupción, de las que veinticinco fueron total o parcialmente condenatorias. Además, en ese periodo los órganos judiciales concluyeron un total de quince procedimientos por este tipo de hechos y abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 92 personas.
El repositorio de datos sobre procedimientos de corrupción del CGPJ revela también que se dictaron autos de apertura de juicio oral en ese periodo a quince personas jurídicas.
La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, al entender el CGPJ que es la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.
De este modo los datos que refleja tiene como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos delictivos la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la política.
Se trata de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Por comunidades, Murcia encabeza el número de personas físicas acusadas, 56, y jurídicas, 28, seguida de la Comunidad Valenciana, con 21 y seis, respectivamente en el segundo trimestre del año.
En Andalucía fueron acusadas seis personas, tres en Cataluña, dos en Asturias, otras tantas en Galicia y una en Castilla y León y otra por la Audiencia Nacional.
En cuanto a las sentencias condenatorias se dictaron siete en Andalucía, cuatro en la Comunidad Valenciana, tres en la Audiencia Nacional, dos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña y una en Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia.
