Andrés Marín, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, lo atribuye a la falta de interés de las administraciones por garantizar "las libertades individuales"
M. A. Cartagena
El caso de Ángel Hernández, que ayudó a su mujer enferma de esclerosis a morir en Madrid, pone sobre la mesa asuntos cuya regulación es urgente, en opinión de la Asociación Derecho a Morir Dignamente que reclama sacar la eutanasia del código penal y aprobar una ley "que regule con garantías el derecho a morir con dignidad". Andrés Marín reconoce que las comunidades autónomas no pueden legislar sobre eutanasia, pero sí tienen competencias "para garantizar cuidados paliativos o promover herramientas como el testamento vital que deja constancia de cómo queremos afrontar la muerte". La asociación destaca el hecho de que la Región esté a la cola, sólo por delante de Extramadura, en número de testamentos vitales.