Policía Local y Guardia Civil acudieron a un domicilio en Cabezo de Torres en el que una pareja (denunciante y denunciado) manifestó tener síntomas de padecer la enfermedad
REDACCIÓN | AGENCIAS
La Policía Local de Murcia y la Guardia Civil activaron el protocolo anticoronavirus cuando investigaban un presunto caso de violencia de género y la denunciante indicó a los agentes que tenía síntomas de padecer la enfermedad, lo mismo que ocurría con el denunciado, ya que lo había visto toser mucho el día anterior a la jornada en que fue agredida.
Ante esas manifestaciones, los agentes ofrecieron a ambos mascarillas y guantes, además de advertirles de que debían ponerse en contacto con el teléfono habilitado para combatir esta pandemia para confirmar esas sospechas iniciales.
Las gestiones llevadas a cabo con las autoridades sanitarias a través del teléfono descartaron, en principio, que ella estuviera contagiada, aunque le aconsejaron que vigilaran su temperatura.
En cuanto al presunto agresor, las autoridades sanitarias le indicaron que debía permanecer en el mismo lugar en el que se encontraba detenido hasta la llegada de una ambulancia que le enviaban para hacerle las pruebas, sin que se conozca el resultado de las mismas.
Estas incidencias se contienen en el atestado elaborado por el cuartel de la Guardia Civil de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, al que fue conducido el detenido, J.C.G., vecino de esa misma población, por agentes de la Policía Local tras la llamada efectuada por su pareja, que denunció que el presunto agresor le había propinado una paliza, arrancándole incluso mechones de pelo.
Al formular su denuncia, la mujer aseguró que el detenido era muy celoso, lo que había originado discusiones en los dos meses escasos que había durado la convivencia. Manifestó que el presunto maltratador pegó también a su hija, menor de edad, mientras que ella misma había recibido igualmente golpes de la madre de aquel. Así mismo, esta última ha declarado que durante la refriega fue agredida por la denunciante.
Tras la entrega del atestado en el juzgado de guardia, este ha dictado una orden de protección en cumplimiento de la cual el detenido no podrá acercarse a menos de 500 metros de su ex pareja mientras dure la tramitación de la causa o se dicte una resolución que ponga fin a esta medida cautelar que ahora se adopta. Además, durante ese tiempo no podrá comunicarse con ella por ninguna vía o medio.
J.C.G., según se recoge en el atestado, que tiene 23 años de edad, cuenta con una docena de detenciones, efectuadas desde 2012, por delitos contra la propiedad, vejaciones, usurpación, lesiones, malos tratos y quebrantamiento de condena.
