Cs rechaza adelantar la matrícula del próximo curso en la Región por ser 'partidista'

El socio de gobierno regional del PP rechaza el anuncio de la consejería de Educación de adelantar el plazo de inscripción para sortear la llamada Ley Celaá

REDACCIÓN. Murcia

Ciudadanos en la Región de Murcia, socio de gobierno regional con el PP, ha rechazado este martes el anuncio de la consejería de Educación y Cultura de adelantar el plazo de inscripción para el próximo curso, cuyo fin es sortear la llamada Ley Celaá, por ser una decisión adoptada con "fines partidistas".

El secretario de Acción Institucional de la formación 'naranja', José Gabriel Sánchez, ha señalado que no apoyará un adelanto en el proceso de matriculación para eludir la aplicación de la LOMLOE el próximo curso, tal y como han anunciado las cinco comunidades autónomas donde gobierna el PP en solitario o en coalición con CS, rechazando "de plano" el uso "partidista de la educación de nuestros menores".

En este sentido, CS, que no ostenta las competencias educativas la Región de Murcia, ha recordado que los cambios deben realizarse para "mejorar aquellas cosas que no funcionan", como el elevado fracaso escolar o las bajas calificaciones, pero "nunca para imponer ideologías o azuzar un enfrentamiento político y social".

La formación naranja ha anunciado que presentará una batería de medidas en el Senado para seguir "luchando" contra la nueva ley, que ha considerado "errónea y dañina", buscando el consenso para obtener un "único sistema educativo nacional y no 17 diferentes, sólido y cohesionado en la Región de Murcia".

Cs defenderá en el pleno previsto para la próxima semana en la Asamblea una moción para promover un pacto regional por la Educación, en el que se unifiquen los objetivos y medidas empleadas para sentar las bases de un sistema educativo que sea "referente y de calidad”, según su portavoz parlamentario, Juan José Molina.

Por su parte, la coordinadora autonómica de Cs y portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez, ha llamado a los cinco grupos parlamentarios a llegar a un consenso dentro de la Comisión de Educación y Cultura, primando el interés general y contando con la comunidad educativas.