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El 'conflicto competencial' que Murcia y el Ministerio de Política Territorial quieren evitar

Crean un grupo de trabajo para analizar artículos del Decreto Ley de mitigación del impacto de la Covid-19 que pueden chocar con el marco normativo estatal

19 SEP 2020 - 00:00
Reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor (17/01/2020)
Reunión del Foro Interadministrativo del Mar Menor (17/01/2020). Archivo ORM.
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El 'conflicto competencial' que Murcia y el Ministerio de Política Territorial quieren evitar
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REDACCIÓN  / Murcia

La comunidad autónoma y el Ministerio de Política Territorial crean un grupo de trabajo para analizar varios artículos de uno de los decretos de ley que el gobierno regional aprobó durante la pandemia que podría generar un "conflicto competencial". Se trata del Decreto Ley de mitigación del impacto de la covid en el medio ambiente . Esta suponía en la práctica moficar la ley de protección ambiental murciana para acortar algunos trámites administrativos y que deslizaba a los ayuntamientos algunas de las competencias sobre control que hasta entonces tenía la propia comunidad.

Esta semana el Boletín Oficial del Estado publicaba una resolución que confirma el inicio de las negociaciones. Fuentes del Ministerio de Política Territorial han precisado a Onda Regional que la creación de este grupo de trabajo se hace por acuerdo de ambas administraciones se hace como paso previo y de forma alternativa a la presentación inmediata de un recurso de inconstitucionalidad por parte del gobierno central. De hecho, este proceso se ampara en La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

El primer contacto se produjo entre las dos administraciones el martes pasado, en él participó el Consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga. El resultado de estas conversaciones se comunicarán al Alto Tribunal según explicaba esta semana Ana Martínez Vidal, consejera-portavoz del gobierno autonómico.

Una de las organizaciones ambientalistas más beligerantes con el decreto ley de de la comunidad fue Ecologistas en Acción. Fuentes de esta organización valoran de forma positiva el proceso abierto ya que, consideran, da la razón a sus críticas. Siguen acusando de "improvisación" al gobierno regional y a la nueva norma de generar "inseguridad jurídica". Reiteran que de mantenerse así ese decreto-ley va a desproter "aún más el medio ambiente".

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