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La acusación pedirá prisión incondicional y sin fianza para Valcárcel

Diego de Ramón asegura que es el "mayor caso de corrupción de la Región de Murcia" porque el endeudamiento se eleva a los "600 millones de euros"

19 JUN 2020 - 00:00
Diego de Ramón a su llegada a la Ciudad de la Justicia
Diego de Ramón a su llegada a la Ciudad de la Justicia
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La acusación pedirá prisión incondicional y sin fianza para Valcárcel
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REDACCIÓN | AGENCIAS. Murcia

El abogado murciano Diego de Ramón, que ejerce la acusación en el caso denominado 'Desaladora 2', ha anunciado que va a pedir la prisión incondicional y sin fianza para el expresidente del Gobierno murciano, Ramón Luis Valcárcel, investigado en el procedimiento.

"Sobre todo, me baso en el informe de la Unidad de Delitos Económicos (UDEF) de la Policía Nacional sobre la manipulación del Gobierno regional que presidió Valcárcel con el Grupo ACS Cobra que construyó la desaladora", ha indicado el letrado.

Y es que, añade, "en un principio dice que la infraestructura valía 111 millones y Valcárcel no tiene ninguna cifra". Al parecer, el expresidente "no sabía nada y nunca se reunió con nadie en el palacio de San Esteban, aunque hay correos que manifiestan que sí", explica.

A la salida del juzgado, tras más de cuatro hora de declaración, De Ramón ha indicado que Valcárcel se ha presentado como "víctima" y le ha "echado la culpa a la comisión de secretarios del Consejo de Gobierno" respecto a esta causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción de la desaladora de Escombreras.

"Valcárcel ha dicho que Florentino Pérez le dijo que era a coste cero", según De Ramón, quien reprocha al ex presidente murciano que "lo que se le ha olvidado mencionar es que nos cuesta 70.000 euros diarios, 22 millones al año, que se paga por el agua en subvenciones".

En concreto, lamenta que Valcárcel ha dicho que pagar esos 22 millones de euros al año es "un coste insignificante para la Comunidad Autónoma". Asimismo, el expresidente ha defendido su inocencia diciendo que "no sabía nada y que no le informaron los servicios jurídicos ni el interventor general".
 

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