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El Gobierno aprueba un plan de rescate por 4.220 millones para la hostelería, el comercio y el turismo

La hostelería ve insuficiente plan de Gobierno al no incluir ayudas directas a fondo perdido como las aprobadas en otros países europeos

22 DIC 2020 - 18:00
La ministra portavoz y de Hacienda María Jesús Montero. EUROPA PRESS/POOL
La ministra portavoz y de Hacienda María Jesús Montero. EUROPA PRESS/POOL
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El Gobierno aprueba un plan de rescate por 4.220 millones para la hostelería, el comercio y el turismo
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REDACCIÓN | AGENCIAS

El Gobierno aprueba un real decreto ley con medidas urgentes de ámbito laboral, fiscal y financiero para reducir los costes y apoyar al sector del turismo, la hostelería y el comercio minorista, de los más afectados por la pandemia.

El plan de choque para estas actividades, que asciende a 4.220 millones de euros, incluye el aplazamiento de los impuestos durante seis meses y una rebaja del 50% del alquiler a los locales que pertenezcan a grandes propietarios (con más de 10 inmuebles). 

"Este plan ha supuesto un esfuerzo muy importante del Gobierno que está decidido a acompañarlo durante toda la pandemia para que puedan mantenerse en condiciones adecuadas y una vez se supere la restricción de movilidad vuelvan al inicio de su actividad", ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Montero ha precisado que se trata de un "ambicioso plan" que tendrá un impacto de más 4.200 millones de euros. De esta forma, este 'cheque' que hace llegar el Gobierno al sector se llevará a cabo "rebajando la factura fiscal, moratoria de pagos o disminuyendo el coste de personal con exoneraciones a la Seguridad Social".

Respecto a las medidas dirigidas a arrendamientos de locales de negocios se establece que en el caso de que el arrendador sea un gran tenedor (10 o más locales) si las partes no llegan a un acuerdo, el arrendatario podrá optar entre una quita del 50%, o alternativamente un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.

De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.

Mientras que para el resto de arrendadores de locales se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, permitiendo computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante esos meses.

Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.

NUEVO TRAMO DE LA LÍNEA DE AVALES DEL ICO DOTADA CON 500 MILLONES

En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.

Montero ha destacado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.

Una medida que permitirá obtener financiación a empresas muy afectadas por la crisis como las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

Respecto a las medidas tributarias, el Gobierno aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.

De esta forma, se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros y se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector Horeca y 68.000 de comercio al por menor.

Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.

La ministra de Hacienda ha precisado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.

El importe estimado de esta medida ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.

Otras medidas tributarias es la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en 'delivery' como 'take away', entre otras.

PROTECCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA HOSTELERÍA

La norma refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.

La inclusión de estos sectores en el listado CNAE responde a que la tasa de cobertura de los trabajadores todavía amparados por los ERTE es superior al 15% de los afiliados en su código de CNAE y su tasa de recuperación desde primeros de mayo es inferior al 65%.

Asimismo, la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico.

LA HOSTELERÍA CONSIDERA INSUFICIENTES LAS AYUDAS

Hostelería de España ha calificado este martes de "insuficiente" el plan ideado por el Gobierno para apoyar el sector frente al impacto de la pandemia de coronavirus y ha insistido en que se necesitan ayudas directas a fondo perdido como las aprobadas en otros países europeos.

Como ejemplo, la patronal hostelera ha citado la medida de obligar a los grandes tenedores -dueños de más de diez inmuebles- a rebajar la renta en un 50 % a los locales comerciales durante el estado de alarma, que según sus cálculos sólo beneficiará al 3 % de los establecimientos.

El presidente de la patronal, José Luis Yzuel, ha incidido en un comunicado en que el Ejecutivo "no ha cumplido con el plan de rescate que se necesita y que pasa por ayudas directas para sobrevivir"; inicialmente la entidad reclamaba 8.500 millones de euros a fondo perdido.

También ha criticado que en países donde el sector tiene un menor peso en la economía ya existen este tipo de apoyos.

En su opinión, el contenido del decreto ley anunciado hoy después del consejo de ministros es "muy escaso", máxime si se tiene en cuenta que el sector prevé terminar 2020 con una caída del 50 % de su facturación y el cierre de cerca de un tercio de los locales (en torno a 100.000).

Sobre la posibilidad de que la concesión de ayudas directas quede en manos de las comunidades autónomas, Yzuel ha advertido de que ese escenario generaría "desigualdad", ya que la situación de los hosteleros sería mejor o peor en función de la comunidad autónoma en la que se encuentren.

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