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Una vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Una vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ARCHIVO

La justicia Europea sentencia que los gastos hipotecarios por una cláusula abusiva deben ser devueltos al consumidor

La sentencia del TJUE afecta a unos ocho millones de consumidores, según estimaciones de ADICAE

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REDACCIÓN | AGENCIAS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que sólo se puede negar la devolución a los clientes de los bancos de todos los gastos hipotecarios incluidos en una cláusula abusiva si así lo estipula previamente la legislación nacional.

De lo contrario, si no existiese una disposición en el derecho nacional que imponga a los consumidores el pago de la totalidad o de una parte de estos gastos, la legislación comunitaria se opone a que un juez nacional niegue a los clientes que firmaron con un banco la devolución de las cantidades pagadas por la constitución y la cancelación de la hipoteca.

El tribunal de Luxemburgo ha resuelto así las cuestiones prejudiciales remitidas por dos juzgados de primera instancia de Mallorca y Ceuta para resolver sendos litigios que enfrentaban a los firmantes de dos contratos de préstamo con garantía hipotecaria con Caixabank y BBVA, respectivamente.

En concreto, el TUE ha dictaminado que la legislación europea "se opone a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula". A continuación, la sentencia subraya que sólo se podría cargar "la totalidad o una parte" de los gastos hipotecarios al cliente si así lo estipulan "disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de esa cláusula". 

Esta decisión ha sido recibida de buen grado por la organización de consumidores Adicae. Fernando Herrero, miembro de su junta directiva, avisa que la mayoría de afectados por el pago de esos gastos indebidos no lo han solicitado por la falta de un procedimiento común de reclamación en toda España y también por la falta de concreción de las resoluciones judiciales sobre la materia. 
 

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