La estadística del Consejo General del Poder Judicial dice que Murcia está por encima de la media nacional, con 5,5 separaciones y divorcios por 10.000 habitantes. Para Helena Rivera, "se debe a los retrasos por COVID"
REDACCIÓN. Murcia
Las demandas de separación y divorcio aumentan un 19 % en el tercer trimestre de 2020 tras la paralización de los procesos por el COVID-19. Murcia se sitúa por encima de la media nacional y registra 5,5 separaciones y divorcios por cada 10.000 habitantes. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos tuvieron un incremento interanual del 30%.
Lo que más se ha notado en los despachos de abogados, según explica Helena Rivera, coordinadora de derecho de familia en el Colegio de Murcia, son peticiones para modificar las condiciones de divorcios ya acordados, más que demandas de divorcio propiamente dichas.
Este aumento se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente al COVID-19 tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, que se tradujo en importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas. Según Rivera: "Es algo normal, no hay más divorcios y separaciones por COVID. Se debe a que las demandas y los procedimientos se acumularon en nuestros despachos debido a la suspensión de los procesos judiciales".
Sí se ha notado una mayor demanda de modificación de condiciones de divorcio ya establecidas, debido en gran parte al impacto en las economías de los progenitores. "Ha sido más la cantidad de solicitudes para pasar de custodia monoparental a compartida. O respecto a reajustes de pensión alimenticia, que peticiones de divorcio en sí" añadía Rivera. Otra preocupación es "la recuperación del tiempo de estancia respecto al régimen de visitas que se ha perdido durante el confinamiento".
Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en casi todas las formas de disolución matrimonial. Las 418 demandas de divorcio consensuado son un 13% más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019. Las 24,3 demandas de divorcio no consensuado son un 15% más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 27 demandas de separación consensuada representan suponen casi el doble que las presentadas el año anterior, y se registraron 9 no consensuadas, dos menos que las del tercer trimestre de 2019.
Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6.
Le siguen Baleares, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5. Todas estas Comunidades Autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional.
MÁS ACUERDOS SOBRE GUARDIA, CUSTODIA Y ALIMENTOS DE HIJOS
Las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019, destacando en estos aumentos los procedimientos instados de mutuo acuerdo por los progenitores que crecieron un 65% (aumento no tan acusado en los contenciosos, que fue del 14,18%).
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 94, se han incrementado un 47%, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 188, han disminuido un 18,2% respecto al mismo trimestre de 2019.
Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 197, han tenido un incremento interanual del 75,9%, mientras que las no consensuadas, 263, se han incrementado un 32,8%.
Si se observa la evolución de las demandas de modificación de medidas, matrimoniales y no matrimoniales, se aprecia una tendencia a la baja en los procedimientos contenciosos, tendencia que se invierte a favor de los consensuados.
