Piden embargar al exconsejero Antonio Cerdá y a su ex director general Miguel Ángel Ródenas. Diego De Ramón, abogado de la acusación, pide que también se exija en la pieza en la que está acusado Ramón Luis Valcárcel
REDACCIÓN.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma se han adherido a la petición del fiscal, y solicitan casi 205 millones de euros de indemnización a los acusados en la pieza número 1 del caso de la Desaladora de Escombreras (que instruye el juzgado número 5), en la que no está investigado el expresidente del gobierno regional Ramón Luis Valcárcel. Sí que aparecen entre los investigados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá y el que fuera director general del agua (y luego presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura) Miguel Ángel Ródenas. Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma solicitan el embargo de sus patrimonios personales para asegurar la responsabilidad económica que se les exige.
El escrito presentado por el letrado de la Comunidad Autónoma considera que existen indicios de que la administración regional y las empresas del grupo ACS actuaron en connivencia para sacar adelante el proyecto de la desaladora, por lo que coincide con la fiscalía al acusar a los investigados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude, fraude en subvenciones y falsedad documental. El abogado de la acusación popular Diego de Ramón se pregunta por qué los servicios jurídicos de la Comunidad no han tomado la misma decisión en la pieza en la que se investiga a Ramón Luis Valcárcel y a las empresas del grupo ACS, para los que tanto él como el fiscal han solicitado una fianza de 900 millones de euros.
Diego De Ramón señala otra circunstancia llamativa: si la Comunidad cubre parte del daño generado a las arcas públicas con la indemnización solicitada a, entre otros, Cerdá y Ródenas, la fianza que la fiscalía pide para Valcárcel y las empresas de Florentino Pérez podría verse sensiblemente reducida. La acusación popular solicitó el ingreso en prisión de Valcárcel y una investigación del patrimonio que el expresidente pudiera tener en paraísos fiscales (en concreto, en Panamá). De Ramón confía en que la respuesta a estas peticiones se produzca a lo largo de este mismo mes; dice también que, por lo que ha podido saber, Valcárcel está preocupado por la posibilidad de que se investigue su patrimonio personal.
