Tratará de determinar si la propagación del virus está relacionada con el incumplimiento de los protocolos de seguridad. La consejería ha empezado a someter a los trabajadores de estos centros a dos PCR semanales.
PACO MARTÍNEZ. Murcia
La Inspección de la Consejería de Política Social ha abierto diligencias para tratar de esclarecer las causas por las que los brotes detectados en algunas residencias de mayores se han extendido sin control y han acabado afectando a un gran número de residentes. El departamento que dirige la vicepresidenta Isabel Franco ha comenzado además a someter a todos los trabajadores de estas residencias a dos pruebas PCR semanales para tratar de evitar nuevos contagios.
Ambos aspectos los ha confirmado a Onda Regional la propia vicepresidenta del gobierno regional. Franco explica que la investigación de inspección se abre de oficio y sin presuponer que pueda haberse producido alguna vulneración de los protocolos de seguridad establecidos antes del verano. Pero recuerda que esos protocolos establecían la necesidad de "sectorizar" las residencias para evitar un contagio masivo. Por eso situaciones como las de Ballesol (con más de ochenta ancianos afectados); Villanueva o Campos de Río (ambas con más de medio centenar de residentes enfermos), preocupan especialmente a la consejería.
Como medida preventiva y a la vista de la mala evolución general que la pandemia está observando en la región, la consejería ha tomado una decisión adicional: desde ayer mismo ha dispuesto que todos los trabajadores de las residencias de mayores sean sometidos a dos test PCR semanales, que vendrán a sumarse a las pruebas a las que quincenalmente son sometidos tanto trabajadores como residentes.
Isabel Franco reconoce que es necesario reformar el modelo de asistencia que prestan estas residencias o, como mínimo, reforzar la vinculación entre ellas y sus respectivas áreas de salud. Dice que ese es un debate "prioritario" que habrá que abrir en cuanto se supere la actual emergencia. De momento, y para cubrir carencias, su consejería ya lleva gastados más de cuatro millones en contratos extraordinarios, muchos de ellos para reforzar las plantillas de las residencias privadas. Ese gasto, explica, no se detraerá de los conciertos suscritos con entidades privadas a las que, de hecho, tratará de conseguir financiación adicional porque también han tenido que hacer frente a costes que no estaban previstos.
CCOO ASEGURA QUE LA SITUACIÓN EN LOS CENTROS PRIVADOS ES "DESASTROSA"
Comisiones Obreras asegura que la situación de las residencias de mayores privadas y concertadas de la región sigue siendo "penosa", y denuncia un absoluto caos de organización y una preocupante falta de equipos de protección. El Secretario de la Federación de Sanidad, Javier Lanza, cree que en estos momentos mantener a un anciano en una de esas residencias implica un elevado factor de "riesgo".
Lanza dice que su sindicato ha tenido tradicionalmente muchos problemas para conocer el día a día de las residencias privadas o concertadas, pero que ahora han podido analizarlo en detalle a través de la experiencia de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud que han sido enviados a esos centros para controlar los brotes de coronavirus. Lo que se han encontrado, nos cuenta, es una organización "desastrosa" e incluso problemas para que enfermeros y cuidadores puedan disponer de equipos de protección.
En esas condiciones, Lanza asegura que los residentes corren un riesgo "cada vez mayor" que hace imprescindible replantear todo el modelo para que la asistencia sociosanitaria sea ejercida directamente por los sistemas públicos. En el fondo de esta deficiente gestión, el representante de CCOO sitúa el sistema de conciertos, concebido -en su opinión- como un mecanismo para facilitar un negocio seguro a grupos afines al poder, mecanismo en el que la atención a los mayores queda en un segundo plano.
Sobre estas denuncias de los sindicatos también se ha pronunciado la vicepresidenta y consejera de Política Social. Isabel Franco dice que si las organizaciones sindicales tienen pruebas de irregularidades deberían ponerlas en conocimiento de la consejería y denunciarlas ante quien proceda. En su opinión, las críticas de Comisiones Obreras son "excesivamente generalistas".
