Los sindicatos CC.OO y STERM han reivindicadouna vuelta al colegio segura con una bajada real de las ratio en las aulas y la contratación de más profesorado.
ELVIRA SÁNCHEZ | SILVIA MATEO. Murcia/Cartagena
Bajada de ratios en los centros educativos, dotación de medios tecnológicos y presencialidad total en la enseñanza. Estas son las reivindicaciones de los sindicatos STERM y CCOO y así lo han querido poner de manifiesto en la concentración que han llevado frente a la sede del Gobierno Regional en esta jornada de huelga educativa.
La concentración ha sido secundada por más de un centenar de personas y el seguimento de la huelga es irregular, según los sindicatos, que lo cifran en menos del 50%, según han explicado Nacho Tornel y a Diego Fernández, ambos de CCOO.
La consejera de Educación Esperanza Moreno, que hoy ha acudido a Pliego, donde han comenzado las obras de un nuevo colegio, estaba atenta de los informes que le llegaban de la huelga, y ha afirmado que el seguimiento en la Región ha sido de un 5,6%, según datos ofrecidos por la propia Consejería. Fuentes del departamento que dirige Esperanza Moreno han señalado que, teniendo en cuenta que la plantilla asciende a 20.000 docentes, han secundado la huelga el 2,9%, un porcentaje que sube al 5,6% si se descuentan loscasi 10.000 profesionales que se incluyeron en los servicios mínimos decretados por la consejería.
Julia Mena, portavoz de STERM, incide en que la falta de medios tecnológicos está impidiendo que los alumnos puedan recibir formación desde sus casas los días que no les toca clase presencial.
Los padres que han acudido a las concentraciones también han pedido medidas seguridad y medidas de conciliación, algo que, insisten, es muy difícil con la semipresencialidad.
Representantes de los sindicatos STERM y CCOO se han concentrado además en la puerta de la Asamblea Regional para volver a reinvindicar una vuelta al colegio segura con una bajada real de las ratio en las aulas y la contratación de más profesorado.
Los representantes sindicales han lamentado los servicios mínimos abusivos impuestos por la administración que han impedido un mayor seguimiento de la huelga.
