Los datos de finales de junio revelan que aproximadamente 2.500 personas recibieron la renta mínima. Las entidades de lucha contra la pobreza denuncian la mala coordinación entre las administraciones
JOSE ANTONIO MARTÍNEZ. Murcia.
Unas 45.000 familias de la Región podrían tener derecho a recibir la renta mínima que aprobó el Gobierno Central, pero sólo hay constancia de que la hayan recibido unas 2.500. Las entidades de lucha contra la pobreza destacan que su tramitación es muy compleja y está mal coordinada entre las diversas administraciones.
El propio ministro de la Seguridad Social, Javier Escrivá, decía hace unos días que el plazo de solicitud retroactiva de esta renta se va a prolongar hasta fin de año. Y reconocía que las más de 900.000 solicitudes recibidas supone una enorme carga de trabajo y que hasta ahora solo han comenzado a tramitarse unas 350.000 en toda España y perciben esta renta unas 80.000 familias.
En la Región de Murcia, el 12% de los murcianos se encuentra en situación de pobreza severa, por lo que aproximadamente unas 45.000 familias son susceptibles de recibir la renta mínima. Sin embargo, los datos de finales de junio muestran que algo más de 2.500 hogares murcianos recibieron el pago del ingreso mínimo vital, lo que se traduce en un 5,5% del total de hogares en situación de vulnerabilidad. La Secretaria regional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Adelaida Martín, recuerda que esta ayuda debe ser ágil y lo más inmediata posible ya que presta ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad.
Martín advierte de que el trámite resulta agotador para los solicitantes e incluso para las entidades de apoyo, y añade que "lo más grave es la desinformación" ya que hay familias que tienen dudas sobre la realización de los trámites y no saben si "a través de la reconversión de la renta básica de inserción ya van a recibirla o tienen que mandar solicitud independiente". Además, considera que la implantación de esta renta no debe traducirse en la merma de las que ya prestan comunidades y ayuntamientos, cuyas rentas de apoyo deben ser complementarias y cubrir allí donde no llegue la estatal.
