UPA, Asaja y COAG exigen el cese de los ataques al sector por estado del Mar Menor

Las patronales del campo piden una ley que permita compatibilizar la agricultura con el cuidado de la laguna. La próxima semana se aprueba la Ley Integral de Protección del Mar Menor en la Asamblea Regional

AGENCIAS / Murcia

Las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja han exigido este sábado en un comunicado conjunto que cesen los ataques al sector por su responsabilidad en el estado del Mar Menor, y que los partidos alcancen un consenso para aprobar una ley de conservación "ambiciosa medioambientalmente y equilibrada" que agilice la viabilidad económica de la agricultura sostenible. Los productores, "ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura y la inminente finalización de la tramitación en la Asamblea Regional de la Ley de Protección Integral del Mar Menor, con una más que evidente falta de coordinación y sintonía", subrayan su pesar por el deterioro de la albufera y su compromiso con la recuperación.

Según los agricultores, los puertos, urbanizaciones, construcciones residenciales, los vertidos mineros, las actividades náuticas a motor o depuradoras de insuficiente capacidad constituyen presiones sobre el ecosistema y aportes contaminantes que "sistemáticamente son minimizados cuando no directamente ignorados por quienes se obsesionan en poner a los productores de alimentos en el centro de la diana social". Tachan de irresponsabilidad "hacer creer que actuar esencialmente sobre la agricultura salvará el Mar Menor" y condenan que la "deficiente actuación de las administraciones durante décadas, así como su muy deficiente colaboración y cooperación institucional, persistan pese a la gravedad de la situación".

Tras considerar "urgente" que se alcance un "punto de inflexión para afrontar de forma compartida las medidas previstas en el Plan Vertido 0", las organizaciones de productores rechazan las críticas "tendenciosas y malintencionadas a cada propuesta del sector agrario de introducir mejoras en la redacción de la Ley para la protección integral del Mar Menor sustentadas en las soluciones técnicas y el conocimiento científico, mientras se aplauden alternativas “homeopáticas” sin ningún rigor científico desde posiciones dogmáticas". También subrayan que incurren en grave desconocimiento o directamente en “mala fé” quienes desprecian o ignoran las mejoras introducidas por los agricultores en sus prácticas agrarias y técnicas de producción con "costes elevadísimos a lo largo de los años que vienen reduciendo la “huella medioambiental” de la actividad agraria" y opinan que hubiera sido deseable que "otras actividades hubieran corregido su impacto en el mismo nivel que lo ha hecho la agricultura durante este tiempo".