Los datos de la consejería de Agua apuntan a que dos organismos dependientes del ministerio de Transición Ecológica actuaban en sentidos opuestos
REDACCIÓN. Murcia
La Consejería de Agricultura insiste en que Acuamed (sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas) vendió agua desalada a una veintena de fincas que habían sido sancionadas por riego ilegal en el entorno del Mar Menor. El consejero Antonio Luengo dice que de los expedientes que envió la Confederación Hidrográfica hay 22 cuyos propietarios recibieron o siguen recibiendo agua de la desaladora de Valdelentisco, propiedad del Ministerio para la Transición Ecológica.
Según revela el diario La Verdad, algunos productores expedientados han explicado en sus escritos de alegaciones que llevan años comprando agua de Valdelentisco, que comenzó a suministrar para riego durante el gobierno de Zapatero pero que siguió haciéndolo durante el mandato de Mariano Rajoy. Tras el episodio de sopa verde, la CHS sancionó a todos los clientes de la desaladora y ordenó a Acuamed cerrar el grifo a quienes no tuvieran derechos de agua. Los datos de la Consejería que dirige Antonio Luengo apuntan a que dos organismos dependientes del mismo Ministerio actuaban en sentidos opuestos.
Los agricultores defienden a quienes cumplen las normas. El presidente de COAG Murcia, Miguel Padilla, dice no entender cómo la administración no lleva un control exhaustivo para que estas situaciones no se produzcan. Padilla insiste en que están a favor del cumplimiento de la ley y de la restitución del terreno por parte de quienes no cumplen, pero las administraciones tienen que hacer su parte.
POSIBLES SUBVENCIONES IRREGULARES
El consejero Antonio Luengo se ha referido también a la empresa sospechosa de haber contribuido a la contaminación del Mar Menor y que recibió un millón de euros de subvención de la PAC. Subvenciones que deben garantizar una producción viable de alimentos, velando siempre por una gestión sostenible. Son fondos europeos pero gestionados por la Comunidad Autónoma y dice el consejero que la administración regional se asegura de que los beneficiarios cumplen los requisitos y que se les hacen controles permanentes.
Desde COAG, Miguel Padilla defiende que el uso que la empresa sospechosa de contaminar ha hecho de los fondos europeos se adapta a la legalidad. Otra cosa, dice, es que ese uso haya tenido un efecto negativo en el entorno.
El consejero Luengo ha señalado también que los servicios jurídicos están estudiando las reclamaciones de una decena de empresas que exigen indemnizaciones por importe de 23 millones a la administración regional por los daños que la Ley de Protección del mar menor les está causando. El gobierno ha intensificado la inspección y los afectados se quejan por no poder usar fertilizantes, tener que reservar suelo para colocar setos o poner sondas de humedad. Antonio Luengo dice que están estudiando esas reclamaciones.
