La patronal del transporte afirma que desconoce, y también rechaza, cualquier agresión o amenaza a las que se refiere la Consejería. Ambas posturas siguen inmóviles y CROEM pide a Educación "comprensión y más diálogo"
SUSANA AZPARREN, ÁNGEL BOLUDA, PACO MARTÍNEZ
El inicio del curso escolar continúa marcado por el conflicto que impide normalizar el servicio de transporte escolar. Una discrepancia, abierta entre la Consejería de Educación y las empresas implicadas, que continúa agravándose y que ya padecen 39 municipios. A los 21 que iniciaron las clases este lunes se suman ya otros 18, entre los que se encuentran Murcia y Cartagena.
Educación ha acusado a la patronal de las empresas de transporte, la FROET, de mantener una actitud de boicot. El director general de centros, Jesús Pellicer, asegura que algunas de las empresas que la Consejería contrató de urgencia en las últimas horas para cubrir las rutas que se habían quedado sin servicio han sido hoy agredidas: unas han sufrido la rotura de cristales en algunos autocares y otras han recibido amenazas. Actos que Educación define como "extorsionistas y presuntamente delictivos" y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. Añade Pellicer que las presuntas víctimas no han denunciado en los juzgados "por miedo a represalias".
FROET asegura no tener constancia de esos incidentes a los que alude Educación y confía en que cualquier posible agresión sea denunciada e investigada hasta sus últimas consecuencias. Muestran, además, su desconocimiento sobre qué empresas son las contratadas por la consejería, aunque avisan de una circunstancia: algunas de esas compañías son de Alicante, por lo que queda la duda si podrán mantener las rutas desde el lunes ya que en la Comunidad Valenciana el curso arranca la semana que viene.
En los 18 municipios en los que hoy han comenzado las clases, el servicio de transporte escolar que ha dejado de prestarse ha sido del 95%, similar al de ayer, apuntan desde FROET. El secretario de la Sección de Viajeros de FROET, Antonio Torres, reitera que, mientras las empresas concensionarias no reciban de la Consejería de Educación los contratos, no van a operar. Esos contratos son necesarios para pedir las autorizaciones de transporte preceptivas en Fomento. FROET recuerda que las compañías pueden enfrentarse a sanciones económicas, además de responsabilidades penales, si trabajan sin esas licencias.
Del fondo del conflicto, la vigencia o no del contrato de 2009, no hay novedad: la Consejería insiste en que no aceptará una prórroga del mismo, documento que consideran desfasado, obsoleto y abusivo para los intereses públicos. Según el director general de centros, la ampliación de contrato que Educación comunicó en julio está vigente. Interpretación enfrentada con las empresas, que ya rechazaron en su día esa ampliación, contra la que incluso hubo un recurso judicial (reconocido a favor de las compañías de autobús) porque la administración pretendía que trabajaran gratis con cargo a las indemnizaciones que recibieron por los tres meses durante los que los colegios estuvieron cerrados. O Educación acepta la prórroga de tres años, o se mantendrán en su misma posición.
CROEM PIDE A LA CONSEJERÍA MÁS DIÁLOGO
El presidente de la patronal de la Región de Murcia, José María Albarracín, ha instado a Educación a que tenga "responsabilidad, más capacidad de diálogo y comprensión con las empresas de autobús que no han recibido indemnización por los meses de paro obligado durante el confinamiento". Albarracín decía no entender la posición "tajante" de Educación (que rompió el contrato con las diez compañías de autobuses que este lunes no prestaron el servicio), cuando las empresas dedicadas al transporte escolar "llevan años prestando el servicio de forma impecable". En la patronal creen que la consejería de Educación no favorece el diálogo al imponer unas condiciones restrictivas inasumibles por las empresas.
