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Denuncian al SMS por la muerte de una octogenaria que pasó 7 horas esperando una ambulancia

La familia reclama una indemnización de 308.650 euros. Denuncian una relación causal entre la muerte de Aurelia y el el funcionamiento "anormal" del servicio público

07 SEP 2021 - 15:08
Imagen de archivo. 061
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Denuncian al SMS por la muerte de una octogenaria que pasó 7 horas esperando una ambulancia
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ELVIRA SÁNCHEZ. Murcia

El Defensor del Paciente lleva a los tribunales al Servicio Murciano de Salud por la muerte, en abril de 2020, de Aurelia Marín Ramón, una octogenaria que pasó 7 horas esperando una ambulancia tras sufrir una insuficiencia respiratoria.

Según la demanda, el fallecimiento de Aurelia fue fruto de una sucesión de "mala praxis médica en cuanto a las asistencias recibidas". Todo ocurrió en el inicio del confinamiento por la pandemia del coronavirus. El 26 de abril de 2020, Aurelia no podía moverse de la cama por lo que uno de sus 10 hijos, que vivía con ella, comprobó sus constantes y llamó a una ambulancia, explicando el historial clínico de su madre, que había sido operada de una válvula del corazón. Eran las 10:00 h. y la primera ambulancia llegó dos horas más tarde, cuyo médico determinó que debía ser trasladada al hospital, situado a tan solo 2 kilómetros de su domicilio, pero que ellos no podían hacerlo y que enviarían otra ambulancia.

Fueron pasando las horas y llegaron dos ambulancias más, pero sin los medios necesarios para realizar el traslado. En total, pasaron 7 horas y 19 minutos hasta que, por fin, Aurelia pudo ingresar en La Arrixaca aunque ya en muy mal estado, con insuficiencia cardiaca y respiratoria, por lo que a los pocos minutos murió. Así lo ha confirmado Ignacio Martínez, abogado del Defensor del Paciente.

La familia reclama una indemnización de unos 300.000 euros por el daño producido por le fallecimiento de Aurelia. Denuncian una asistencia médica "defectuosa" por el tiempo que estuvo esperando el traslado al hospital, y una relación causal entre la muerte de Aurelia y el funcionamiento "anormal" del servicio público. El objetivo, aseguran, es que esto no vuelva a ocurrir, según el letrado Ignacio Martínez.

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