La Fiscalía de Murcia remite a la Fiscalía General del Estado (FGE) las diligencias de investigación iniciadas por la denuncia de la Comunidad al Gobierno central por la aparición de peces muertos
MACU ALEMÁN. Cartagena
El desastre ambiental del Mar Menor acumula en los tribunales diez procedimientos vivos entre investigaciones de la fiscalía y causas abiertas en los juzgados de instrucción; probablemente el asunto con más frentes abiertos en la historia judicial de la Región. La Fiscalía del TSJ ha decidido enviar a Madrid la denuncia de la comunidad autónoma contra el ministerio de Transición Ecológica.
El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, asegura ser consciente de la preocupación social que suscita la situación del Mar Menor y dice que su departamento está haciendo lo posible por depurar responsabilidades y garantizar la acción de la Justicia.
Cinco diligencias de investigación en la Fiscalía por denuncias de organizaciones ecologistas y de la Comunidad Autónoma tras la aparición de toneladas de peces muertos, cuatro procedimientos en los juzgados de instrucción, y uno a instancias del Ministerio Público en Murcia denunciando a su vez a la administración regional por no actuar presuntamente en el ámbito de sus resonsabilidades. Es el resumen de los frentes abiertos. En lo que atañe al fiscal superior, Manzanera anunciaba el envio a Madrid de la denuncia de la consejería de Agricultura contra el ministerio de Transición Ecológica. Fiscalía dispone de seis meses para decidir si prosperan o no el resto de diligencias abiertas.
En los juzgados de Instrucción se encuentra viva, entre otras cuatro, la causa principal hasta la fecha abierta en 2017 que implica a regantes y empresas agrícolas así como al exconsejero Antonio Cerdá y a dirigentes de la Confederación Hidrográfica del Segura. El proceso está próximo a su conclusión según explica el fiscal.
Destaca también el recurso pendiente en la sala de lo Contencioso del Tribunal por presunta inacción de la Comunidad Autónoma. Se trata de una denuncia impulsada por la Fiscalía del TSJ contra la administración regional al amparo de la ley de Responsabilidad Ambiental.
