Huermur puso en conocimiento que la Consejería no había creado ni el Consejo Asesor Regional de Patrimonio Cultural ni el de Arqueología y desde Cultura se negó información al Alto Comisionado hasta en cuatro ocasiones
JAVI RAMÍREZ
El Defensor del Pueblo amenaza a la Consejería de Cultura con incluirla, en su informe a las Cortes Generales, como administración hostil por su actitud entorpecedora. El Alto Comisionado habría intentado, hasta en cuatro ocasiones, recabar información de esta consejería por no haber creado aun el Consejo Asesor Regional de Patrimonio Cultural y el Consejo de Arqueología, sin haber recibido respuesta por parte de la administración.
La Ley de Patrimonio Cultural del año 2007 establece la obligación de poner en marcha los Consejos Asesores de Patrimonio Cultural y de Arqueología. 12 años después, en 2019, Huermur hizo un requerimiento a la consejería para que los pusiera en marcha y tras no recibir respuesta alguna lo puso en conocimiento del Defensor del Pueblo. Desde entonces, el Alto Comisionado ha tratado de recabar información de la Consejería y en todas ellas ha recibido la callada por respuesta. Sergio Pacheco es el presidente de Huermur: "Lo incluirá en su informe anual al Congreso haciendo saber que la Consejería de Cultura no cumple sus obligaciones legales, no facilita la información requerida y llegado un extremo podría trasladarse a Fiscalía".
Pacheco lamenta que, al no existir estos consejos, la Consejería da o niega permisos para realizar excavaciones arqueológicas o valora el patrimonio regional por su cuenta, incumpliendo así la ley: "La Consejería antes de dar cualquier permiso para trabajos arqueológicos necesita el visto bueno de un Consejo Asesor que no está constituido. No se hacen esos informes y es la Consejería la que los da de forma unilateral".
