El Consejo de Ministros ha adoptado esta decisión por el "incumplimiento reiterado de normas, advertencias y expedientes de infracción abiertos" por parte del Gobierno regional
LETICIA GARCÍA. Murcia
No ha habido declaración de zona catastrófica para el Mar Menor y sí un buen tirón de orejas para el Gobierno regional. La portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros que cada administración debe ejercer sus competencias, que lo que ocurre en la laguna es un drama pero también le dice al gobierno de López Miras que es consecuencia de la inacción y el incumplimiento por parte de su equipo.
Hay que acabar con los vertidos, dice la ministra. El gobierno central quiere recuperar la zona, cuentan con destinar fondos europeos para la recuperación de ecosistemas, y esperan detalles de las impresiones que les traslade Teresa Ribera tras su visita al Mar Menor. El ejecutivo murciano, puntualizaba Isabel Rodríguez, ha sido demasiado permisivo.
El Ministerio, según la portavoz, ha declarado el acuífero en riesgo químico. Asegura que es prioritario recuperar la laguna por la consecuencia medioambiental pero también por el daño económico que supone.
"Lo que corresponde es que cada uno ejerza sus competencias. El Gobierno ejerce sus competencias y el Gobierno de Murcia ha de ejercer sus competencias. Este es un problema importante", ha apostillado la portavoz, que asegura que la situación a la que ha llegado el Mar Menor "no es cosa de un día" o fruto de un fin de semana, sino la consecuencia de un periodo "muy dilatado de inacción" y de "falta de cumplimiento" del ejecutivo regional en lo que se refiere a sanciones.
En ese sentido, ha apuntado que se han detectado 8.000 hectáreas con regadío ilegal que no contaban con concesión de agua, el uso excesivo de nitratos y la sucesión de vertidos. Así, ha añadido que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente han instruido 800 expedientes que "no están siendo tramitados por el Gobierno de Murcia".
"Esto no es una pelea de competencias sino una dejación de competencias que tiene encomendadas el Gobierno de Murcia", ha defendido la ministra que recuerda que el Ejecutivo declaró el acuífero en riesgo químico sin que la decisión contara con el apoyo del gobierno murciano.
