Las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de Díaz Ayuso en materia de ocio nocturno u hostelería han sido aceptadas por la Audiencia. Sanidad trabaja con las autonomías en un nuevo documento
REDACCIÓN | AGENCIAS
La Audiencia Nacional ha aceptados las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno regional en el recurso presentado contra las nuevas medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad, acordando su suspensión en el ámbito de la región hasta que se resuelva la impugnación.
Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se acuerda suspender, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.
En concreto se impugnaron los apartados relativos a las nuevas restricciones relacionadas con los locales de ocio nocturno y discotecas; las relativas a hostelería y restauración; y las que afectan a eventos y actividades mutitudinarias no ordinarias, contenidas en los apartados A), B) y C) del anexo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.
De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concede el plazo de tres días a la Administración General del Estado demandada, "a fin de que pueda efectuar las alegaciones que estime oportunas".
Los magistrados arguyen que si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, y se esperase a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada, "el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones".
"Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa", recalca la Sala.
"Nos parece que la seguridad jurídica, en este caso, concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica", argumentan los magistrados.
"El riesgo de generar situaciones de incertidumbre y de menoscabo (que pudiera ser grave) a los intereses de los afectados últimos por la decisión de imponer restricciones distintas a las ya existentes, aconseja que se adopte la medida de suspensión mientras se puede culminar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares", subraya la Sala.
Recalcando a continuación que eso debe ser así "máxime si se tiene en cuenta que, tras la presente decisión, en un lapso temporal breve --trámite de alegaciones por tres días--, se podrá decidir sobre el "levantamiento, mantenimiento o modificación" de la decisión adoptada.
Según exponen los magistrados, será entonces cuando se "disponga de mejores elementos de juicio para valorar los distintos intereses en conflicto". "A efectos de la decisión que ahora adoptamos, consideramos que la no alteración del status quo preexistente es digna de protección cautelar provisional, y que conlleva urgencia en la adopción de una decisión inaudita parte".
El Ministerio de Sanidad está hablando con los consejeros del ramo y tiene un nuevo documento sobre las restricciones al ocio nocturno y la hostelería, después de que la Audiencia Nacional haya paralizado en la Comunidad de Madrid el que entró en vigor el pasado sábado.
Fuentes de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana han confirmado que la ministra Carolina Darias ha llamado a la cosellera, Ana Barcelo, y la ha remitido un nuevo documento para el miércoles, cuando se reúna de nuevo el Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que se aprobaron sin la unanimidad de las comunidades autónomas las medidas que la justicia ha paralizado este lunes en Madrid.
Otras fuentes autonómicas han asegurado también a Efe que Sanidad está contactando con los gobiernos autonómicos, después de conocerse la resolución judicial. Por su parte, fuentes del Ministerio ha insistido que todo el departamento busca "puntos de encuentro" y que la ministra habla a diario con los titulares de las consejerías autonómicas.
"El Ministerio busca consenso y trata de evitar la judicialización del proceso; sería una pena que vaya a depender de las autoridades judiciales porque no hayamos encontrado alternativas suficientes", ha resaltado en su habitual rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional.
