Durante la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica, su presidente, Mario Urrea, asegura que es competencia autonómica evitar la llegada de nitratos al Mar Menor
SONIA ILLÁN. Santomera
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cumplirá con los plazos dados por la ministra Teresa Ribera y en cinco meses tendrá precintados y sellados los riegos de las 8.500 hectáreas de regadios ilegales detectados en el Campo de Cartagena. Lo hará con tanta brevedad utilizando un expediente específico independiente del sancionador que sí que lleva más tiempo.
Lo ha confirmado el propio presidente de la CHS antes de presidir la Junta de Gobierno del organismo de cuenca, celebrada este miércoles en la Casa del Agua (Santomera). Una reunión donde Urrea ha resumido el contenido de su declaración el pasado lunes, como testigo, ante el fiscal superior de la región por la denuncia presentada por la comunidad autónoma tras el episodio de anoxia de agosto contra la Confederación.
Urrea ha reiterado lo que le dijo al fiscal: la CHS es responsable de los vertidos puntuales no de la contaminación difusa de practicas agricolas con exceso de fertilizante. Frenar la entrada de nutrientes es competencia de la Comundiad Autónoma, ha indicado. Prueba de esta competencia, y así se lo comunicó a la fiscalía, es que la Comunidad ha redactado dos proyectos de desnitrificación y le pide a la dirección general del Mar Menor que acometa cuanto antes esas actuaciones que reducirían la entrada de nutrientes a través de la rambla del Albujón.
Pero Urrea también ha hablado de regadíos ilegales y del cumplimiento de los plazos dados por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su visita a la Región de Murcia la pasada semana. Ha confirmado que en cinco meses completará el cierre de la red de regadío de las 8.500 hectáreas de cultivos ilegales detectados en el Campo de Cartagena.
Ahora bien, avisa Urrea: si despues del precintado la Comunidad no hace la restitución no hay nada que hacer porque en numerosas ocasiones los propietarios retiran el precinto y vuelven a cultivar. A esto ha respondido la Comunidad Autónoma: si se quita el precinto la Confederación debe denunciar al Seprona, según ha explicado Victor Manuel Martínez, secretario general de la Consejería de Agricultura.
Una restitución que debe hacer la Comunidad pero que lleva su tiempo, máxime cuando hay quien ya está denunciando pidiendo una compensación por el daño causado, ha explicado Martínez.
