No encuentra indicios de corrupción ni ve necesario tomar declaraciones. El coordinador regional Podemos lamenta que "el ministerio público avale la corrupción"
REDACCIÓN | EFE
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto el archivo de la denuncia presentada por Podemos por un presunto cohecho por compra de votos en la frustrada moción de censura del pasado mes de marzo contra el Gobierno de la Región de Murcia que preside Fernando López Miras (PP).
Podemos denunció a los tres diputados de Ciudadanos que, en contra de lo acordado por la dirección del partido en la Región de Murcia, votaron contra la moción, pero también al exsecretario de Organización de ese partido Fran Hervias y al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
En un decreto, el fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, Javier Zaragoza, considera que los hechos descritos en la denuncia carecen de relevancia penal dado que el nombramiento de dos de los diputados de Ciudadanos que votaron en contra de la moción en dos de las Consejerías del Gobierno regional "no puede considerarse como una ilícita recompensa".
Ello implicaría "extender este concepto normativo a situaciones como el nombramiento de otros dirigentes de la formación política en cuestión en caso de prosperar la moción de censura". "Es más, -añade el fiscal- los datos que se conocen de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación apuntan a que, tras la división del voto, subyacen únicamente razones o motivos estrictamente políticos, identificables con un problema de liderazgo en Ciudadanos entre la candidata propuesta en la moción de censura y la que en ese momento era vicepresidenta del Gobierno regional de la Comunidad".
Argumenta Zaragoza que si se considera legítimo presentar una moción de censura, como acto estrictamente político que es, aunque encubra un reparto de cargos y funciones de gobierno, "no menos legítimo debe ser considerado oponerse a la misma, desactivando de esta manera mediante acuerdos políticos la prosperabilidad de aquella, aun cuando se rompa la disciplina de voto por desacuerdos internos". Se trata de un hecho "políticamente justificable", porque el Estatuto de Autonomía de Murcia "proclama que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno", concluye el escrito.
Podemos denunciaba además a Javier Hervías, de Ciudadanos, y a Teodoro García, secretario general del PP, como las personas que llevaron a cabo las gestiones para cambiar el sentido del voto de los tres diputados regionales de Ciudadanos, si bien el fiscal aprecia que no está acreditado "ni siquiera indiciariamente" la concurrencia de los elementos típicos que integran el delito, ni siquiera su participación en acciones legales con encaje en ese tipo penal.
Por todo ello, la Fiscalía del Supremo considera que no resulta procedente practicar diligencias ni recibir declaración alguna al denunciado aforado Teodoro García, "ni siquiera mediante la fórmula de citación para una comparecencia voluntaria". Los hechos denunciados por Podemos ocurrieron el 10 de marzo cuando PSOE y Cs presentaron una moción de censura contra el gobierno autonómico, pero cuando llegó el momento de la votación, el día 18, tres diputados de Ciudadanos no la apoyaron, discrepando del acuerdo político al que su formación había llegado con el PSOE, por lo que finalmente fracasó.
PODEMOS CONSIDERA "PREOCUPANTE" QUE LA JUSTICIA "AVALE EL TRANSFUGUISMO"
Podemos no comparte la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia por cohecho que la formación morada interpuso contra López Miras, Teodoro García Egea y Fran Hervías. El diputado por Murcia en el Congreso, Javier Sánchez Serna, considera que aunque judicialmente no sea punible, la compra venta de diputados en la Asamblea Regional "no deja de ser un escándalo ético que sólo puede definirse como corrupción". Sánchez Serna considera que el archivo de la denuncia es “una muy mala noticia” porque pone de manifiesto que “la justicia avala el transfuguismo, una práctica corrupta que socava los fundamentos de la democracia”. Sánchez Serna ha asegurado que desde su formación “acatan la sentencia”, pero matiza que no pueden compartirla “en modo alguno”.
PP: "EL SUPREMO DA UN VARAPALO A LA IZQUIERDA RADICAL"
Por su parte, el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, ha asegurado, tras conocer la resolución de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que “el Supremo da un varapalo a la izquierda radical que trataba de deslegitimar al Gobierno de López Miras”, al no haber delito alguno en los acuerdos de formación de Gobierno tras la moción de censura y “confirma la inocencia de Teodoro García Egea, al que se le acusó injustamente y falsamente”.
Al respecto, Luengo ha aseverado que “este es otro fracaso de la izquierda en su oscuro camino de manchar el nombre de la Región de Murcia a toda costa” y considera que la denuncia de la izquierda fue “el resultado a la rabieta política, tras no conseguir desestabilizar a un Gobierno centrado, estable y sólido”. Asimismo, el secretario general del PPRM ha remarcado que “esta resolución se suma al gran cajón de denuncias falsas y sin fundamento con las que la izquierda ha querido derrocar al PP, al no conseguirlo lícitamente en las urnas”.
