El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que permitirá a los gobiernos autonómicos acudir al Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre los recursos judiciales tras el fin del estado de alarma
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Gobierno ha aprobado este martes un decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo tras el fin del estado de alarma que, entre otras cosas, va a permitir a las Comunidades Autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la pandemia, según explican fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo facilita así a los gobiernos autonómicos una vía para interponer recursos de casación, en los casos de que los Tribunales Superiores tumben sus medidas. Es decir, se busca unificar doctrina y evitar que ocurra como el pasado verano, cuando tras el fin del estado de alarma algunas decisiones de la justicia fueron contradictorias, y en algunos territorios se permitieron restricciones que en otros, no.
Hasta ahora, los gobiernos autonómicos solo podían acudir al Supremo cuando intervenían como autoridades delegadas del Ejecutivo central, es decir, durante la vigencia del estado de alarma que les otorgaba este estatus, según explican fuentes jurídicas. Sin embargo, este instrumento decaerá el sábado a media noche, y con él, esa posibilidad de llegar hasta el Supremo.
El ejecutivo lleva meses trabajando en el diseño del Real Decreto aprobado hoy y en el que han tomado parte nueve ministerios según las explicaciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Y si no meses, sí al menos semanas llevan algunos responsables autonómicos reclamando medidas que garantizasen la legalidad y rapidez para aplicar, en caso necesario, las correspondientes restricciones. "Podemos estar tranquilos", decía la vicepresidenta.
El decreto también incluye medidas para controlar los pasajeros internacionales y aprueba la prórroga de algunas medidas del escudo social cuya vigencia iba ligada al estado de alarma. Entre ellos figura la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del COVID, la suspensión de los desahucios, la extensión de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la consideración de servicios esenciales a los recursos contra la violencia de género.
GERMÁN TERUEL: "ES UN DISPARATE"
Al profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germán Teruel le parece que el mecanismo judicial contenido en este Real Decreto es "un disparate" con el que el gobierno deriva a los tribunales una responsabilidad que el propio ejecutivo debía haber asumido durante estos meses.
Ha habido, dice Teruel, tiempo de sobra para que el gobierno promoviera el cambio de una legislación, la que regula los estados de alarma y las medidas especiales en materia de salud pública, que se ha demostrado antigua y muy imprecisa. No sólo no lo ha hecho, sino que ahora pretende que sean los jueces quienes actúen dentro de un marco jurídico que genera muchas dudas. Una situación que Germán Terual no duda en calificar de "disparate":
