Escucha un nuevo capítulo del resumen del año 2021 elaborado por los servicios informativos de Onda Regional. Hoy nos centramos en el agua y la agricultura
SUSANA AZPARREN. Murcia
El sector agrícola termina este 2021 con dos nuevas leyes, no son nuevas en el estricto signficado de la palabra, son reformas. La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria y la reforma de la Política Agraria Común, la PAC.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este mismo mes de diciembre la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria. Las organizaciones agrarias COAG y UPA reconocían la urgencia en la aprobación de esta reforma para proteger a los productores afectados por los incrementos de precios en las materias primas, fertilizantes, abonos y gasóleo provocados por los problemas en la cadena de suministro.
Una situación que ha llevado a los agricultores a convocar una serie de movilizaciones por toda la geografía nacional durante este mes de diciembre que les llevará en enero a una gran manifestación en Madrid. Desde COAG, su nuevo presidente en Murcia, José Miguel Marín destacaba la importancia de la nueva Ley. Uno de sus aspectos principales: la prohibición de la venta a pérdidas, que los productores no vendan por debajo de los costes de producción.
Pero para que esto se produzca es necesario que se pongan en marcha mecanismos de control en las comunidades autónomas. Desde UPA, su secretario regional, Marcos Alarcón apuesta por implementar entidades regionales que inspeccionen que en los contratos de las operaciones comerciales, los productores vendan a un precio justo.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoce la "díficil situación" en el campo debido a la crisis de precios, pero confía en la Ley de la Cadena Alimentaria para solventarla. Es más, Planas confía también en que las previsiones económicas de Bruselas se cumplan y que los costes comiencen a abaratarse en la primavera de 2022.
LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
Más de tres años de negociaciones ha sido tiempo más que suficiente para que salga adelante la reforma de la Política Agraria Común (PAC), después de pasar el último trámite con la votación en el Parlamento Europeo. Incompleta para muchos, la actualizada PAC recoge una serie de claves que tratan de combinar las exigencias en la lucha contra el medio ambiente con mayores apoyos para los pequeños ganaderos y agricultores.
La nueva PAC abarca hasta 2027, aunque posteriormente no está previsto que se reforme demasiado, pues exigiría reabrir de nuevo unas arduas negociaciones. Del total de 390.000 millones de euros que se incluyen para esta partida, España recibirá algo más de 47.700 millones, siendo por tanto el tercer país más beneficiado, solo por detrás de Alemania y Francia. Se canalizará en la recepción de 5.000 millones de euros anuales en pagos directos y está previsto que se beneficien en torno a 700.000 ganaderos y agricultores españoles.
El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, calcula que la Región de Murcia percibirá un 8% menos de ayudas de la PAC en comparación con el perído anterior de 2014 a 2020. Luengo comparecía a principios de diciembre en la Asamblea a petición propia para criticar la reducción de fondos de la nueva Política Agraria Común que repartirá un doce por ciento menos que en el anterior período, lo que se traducirá en menos ingresos para doce mil agricultores y ganaderos murcianos. El consejero acusa al ministerio de no tener en cuenta las reivindicaciones de los productores de la Región en el plan estratégico definitivo de la PAC que se aprobará, probablemente, el próximo mes de enero.
El cien por cien de los cultivos de secano y el 90 por ciento de los ganaderos se verán afectados negativamente por la PAC. El consejero de Agricultura, Antonio Luengo hablaba de opacidad y avanzaba que el daño para la Región es "inasumible".
La preocupación es máxima por las consecuencias en el secano, entre las organizaciones agrarias que denuncian "agrario comparativo" y advierten que "se pone en peligro la subsistencia de muchas familias"
NOMBRAMIENTOS
Vamos a terminar 2021 con murcianos dentro de los organigramas nacionales de las organizaciones agrarias. Es el caso del lorquino Miguel Padilla que ha sido elegido nuevo secretario general de COAG a nivel nacional.
Padilla sustituye en el cargo a Miguel Blanco, que decidió no presentarse a la reelección. El sindicalista agrario lorquino defiende un campo con agricultores y no dominado por los fondos de inversión y en el que los jóvenes tengan cada vez más presencia. Y por supuesto el gran caballo de batalla: los precios de los productos de terceros paises.
Y otro nombramiento a nivel nacional de un representante de los agricultores murcianos ha sido el de Marcos Alarcón. El que es secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, era nombrado en abril Vicesecretario General de Organización, Formación y Progrmas de la nueva Comisión Ejecutiva del sindicato agrario.
Todo ello en el transcurso del Congreso Estatal de la Unión de Pequeños Agricultores con presencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que se ha pedido mayor diálogo con organizaciones agrarias para tomar decisiones como la que afectan a la modificación de las reglas del Trasvase Tajo-Segura.
Y terminamos el año con un nuevo nombramiento al frente de la asociación de productres y exportadores de frutas PROEXPORT. Después de 12 años de estar al frente de esta organización, Juan Marín, daba paso a su relevo, Mariano Zapata.
LOS REGANTES TOMAN MADRID
En el capítulo del agua tenemos que centrarnos evidentemente en el trasvase Tajo-Segura y en los cambios en las reglas de explotación del acueducto, que reduce las aportaciones de agua a la cuenca del Segura a cuenta de incrementar el caudal del río castellano manchego.
Unos cambios que provocaron la salida de los regantes de la zona del Levante a la calle, a Madrid,en concreto. Fue a finales de mayo. Los regantes agrupados en el 'Círculo por el Agua', tomaron Madrid en coche para reivindicar la necesidad de agua del trasvase sin la cual, aseguran, "no hay futuro para el levante español". En la movilización participaron agricultores de Murcia, Alicante y Almería que dependen del acueducto.
Los 15 camiones autorizados por la Delegación de Gobierno, 150 autobuses y un millar de vehículos desfilaron por delante de la cabecera de la manifestación en el Paseo de la Castellana de Madrid. Miembros del Sindicato Central de Regantes y del Círculo por el Agua y representantes políticos de la Region, entre los que estaba el presidente del Ejecutivo murciano Fernando López Miras, les recibieron portando una pancarta con el lema "Adiós a la Huerta de Europa" para protestar por los recortes al trasvase.
Y con los regantes en la calle, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, enviaba un mensaje de tranquilidad respecto al futuro del trasvase Tajo Segura que, a su juicio, aparece rodeado de "un ruido que no necesariamente está justificado".
La ministra volvió a explicar que los cambios introducidos en las reglas de explotación sólo tratan de evitar los picos del actual sistema, que ahora pasa la mayor parte del año en niveles de emergencia. Decía Teresa Ribera que aprobar trasvases de 38 hectómetros cúbicos cuando el trasvase está en nivel dos es "una barbaridad".
La reacción no se hacía esperar desde el Gobierno de la región que interponía un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la modificación de las normas reguladoras de explotación del trasvase Tajo-Segura .
EL AGUA DESALADA
Los regantes del trasvase Tajo-Segura han denunciado este 2021 que el Ministerio de Transición Ecológica quiere hacerles firmar unos convenios que imponen unas condiciones "leoninas" para el riego con agua desalada.
El ministerio plantea para el riego con agua desalada unos precios "brutales" que, en opinión del Sindicato Central de Regantes, no son competitivos para el campo. Estos se sitúan entre 0,70 y 1,50 euros el metro cúbico, en lugar de los 0,30 que se fijan por ley y lejos de los 0,04 que se paga por el agua de regadío en el resto del país.
EL CAUDAL ECOLÓGICO DEL TAJO
A todo esto, el año hidrológico ha arracado con pésimos datos de precipitaciones y es una de las cosas que explican, según la Ministra para la Transición Ecológica, la reducción de los caudales enviados desde la cabecera del Tajo.
Teresa Ribera justificaba la reducción en el volumen de agua autorizado en el último desembalse del Tajo al Segura con respecto a lo que permiten las reglas de explotación. En lugar de los 20 permitidos con situación nivel 3 en la cabecera, lo autorizado fueron 18 hectómetros cúbicos. La vicepresidenta argumenta que este ha sido uno de los peores arranques de ejercicio hidrológico en años.
El caso es que la supresión de aportaciones del Trasvase conforme se incrementen los caudales ecológicos del Tajo y su sustitución por agua desalada se presentará como inasumible para los agricultores de unas 10.000 hectáreas de explotaciones del Campo de Cartagena, a menos que se consigua un precio competitivo en esa alternativa.
Así se refleja en el informe de la Confederación del Segura que menciona su presidente, Mario Urrea. El Ministerio, dice, tendrá que plantearse un precio político dado que el metro cúbico de agua desalada superará los 50 céntimos incluidos todos los costes.
El presidente de la Confederación añade que en el año 2027 podría necesitarse un aporte de 100 hectómetros cúbicos para suplir la caída de envíos del Tajo. Están previstas algunas ampliaciones de desaladoras actuales y no se descarta la construcción de alguna más.
Este mes de diciembre termina el plazo de alegaciones al nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Los nuevos planes de cuenca se aprobarán la próxima primavera.
