El consejero participó en una reunión con el ministro Castells, al que afeó su mensaje durante el periodo de exámenes que tensaba aún más la situación. Motas cree que "de esta forma la nueva Ley podría tardar 2-3 años"
JOSÉ A. VERA
Sensación agridulce de los representantes de la Consejería de Universidades tras la reunión con el ministro Manuel Castells por la nueva Ley Orgánica de Universidades, al carecer ésta de un calendario estructurado. Lo que en un principio iba a ser la reforma del Estatuto del Profesor Docente Investigador por parte del Ministerio, derivó finalmente en el proyecto de una nueva Ley. Se abre ahora un período de diálogo con todos los agentes universitarios por lo que, según el consejero murciano del ramo, Miguel Motas, "la ley puede demorarse 2-3 años. No hay un documento base del que arrancar y el proceso tampoco parece estar muy bien estructurado". Esto provocará que varias comunidades autónomas, como Andalucía o la Región de Murcia, ofrezcan sus borradores de legislación para que el Ministerio avance más rápido o al menos permita que las regiones progresen sin que en unos meses una normativa nacional, a priori innovadora, lo tire por tierra.
Miguel Motas aprovechó la reunión para destacar cómo ha funcionado el modelo híbrido en el que las decisiones de los órganos universitarios son, a su vez, validadas por el Comité COVID, o el rendimiento de un comité de coordinación universitaria. También hubo palabras directas para el ministro Castells, cuyo tuit de hace unas semanas proponiendo los exámenes online generó aún más crispación contra los rectores de la Región por los exámenes presenciales del primer cuatrimestre: "La situación fue muy dura, hubo escraches al rector de la UMU, pegada de carteles en contra de la rectora de la UPCT y también tuvimos mensajes desde redes sociales a los responsables de las consejerías que avalaron los exámenes... y las manifestaciones del ministro complicaron aún más todo".
Entre otras peticiones de carácter normativo, como la comisión interministerial de profesiones reguladas y cualificación profesional, quedó la queja sobre como los Fondos europeos Next Generation vayan repartidos directamente del Ministerio a las Universidades y que no sean las Comunidades Autónomas las que regulen cómo distribuirlo entre los centros de cada territorio.
