Así se desprende de un estudio realizado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que evalúa las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España
REDACCIÓN | EUROPA PRESS
El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%. Estos son algunos de los datos que se desprenden del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España.
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, estima que España cuenta con "un sistema débil" para atender, según sus palabras, "la mayor crisis social de la historia".
País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales, mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria calificados como irrelevantes.
El informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.
Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299 euros/año. El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más del doble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.
Otro elemento de diferenciación que indica el informe es el número de profesionales de los servicios sociales de atención primaria. Una conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.
Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites "farragosos" se han incrementado, y "constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan". Como ejemplo mencionan el Ingreso Mínimo Vital, "la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas".
En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, "los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas".
FRANCO CONFÍA EN LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES
La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha trasladado su confianza en que, tras la crisis de 2008 y la provocada por la pandemia del Covid 19, la situación de los servicios sociales "mejore cada día, marcando un antes y un después, con la aprobación definitiva de la Ley de Servicios Sociales y con el impulso de las políticas sociales" que cuenta con 415 millones de euro, "el presupuesto más alto de la historia de la Región".
En concreto, la consejera confía en que "estos dos hitos realcen los Servicios Sociales regionales, desde la cooperación y el trabajo conjunto, con la Atención Primaria de los ayuntamientos así como con las entidades del Tercer Sector".
Sobre la descentralización a la que apunta el informe asegura Franco que "precisamente por ello, hemos diseñado un presupuesto y una futura Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, de tercera generación, con unos mecanismos de coordinación y seguimiento de los Servicios Sociales con los Ayuntamientos y las entidades del Tercer Sector".
La Consejería prevé así, entre otros, contratar a 40 profesionales por parte de los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Ayuntamientos, para lo que se han destinado 16,6 millones de euros, así como crear una nueva partida presupuestaria que servirá como base para el impulso de dicha Ley.
