Las comunidades autónomas deben formar la Comisión de Garantías y Evaluación que establecerá el procedimiento para solicitar a la sanidad pública la ayuda a morir en situación de sufrimiento insoportable e irreversible
ANA R. GÓMEZ | Murcia
El jueves 25 de marzo de 2021 quedaba publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Regulación de la Eutanasia, aunque solo ha entrado en vigor el artículo 17, el que encarga a cada Comunidad Autónoma la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación que pueda resolver reclamaciones o solicitudes. En tres meses, una vez creadas esas comisiones, toda la norma podrá aplicarse.
En este reportaje hemos recogido las voces de algunas personas integrantes del Comité de Ética Asistencial (CEA) del Hospital Morales Meseguer -centro de referencia del Área VI de salud, con más de 200 000 personas a su cargo-, que ha respondido ya al reto de informar en una sesión abierta sobre las principales líneas de la norma. Escuchamos a Caridad del Toro, abogada, que desarrolla su trabajo en los servicios jurídicos del hospital, y junto a ella Marina Gandía, facultativa en la unidad de cuidados paliativos, y la doctora Carmen Moreno, jefa de sección en el servicio de Urgencias del mismo centro y presidenta del CEA.
El objetivo a conseguir para pacientes y sanitarios en ese conocimiento profundo de posibilidades, tratamientos y deseos es que la ayuda para morir sea verdaderamente, como la ley estipula, la última de las excepciones. Evitar la obstinación terapéutica y no alargar la vida a toda costa en situaciones de gran fragilidad es un derecho del paciente, igual que rechazar un tratamiento o, si la situación lo requiere, la sedación paliativa para afrontar la muerte sin dolores. Es importante, dice la doctora Moreno, aclarar términos y no confundir con la eutanasia o el suicidio asistido. Lo ideal, y no por ello inalcanzable, es una visión integral de los cuidados y de la atención solidaria ante la necesidad o la soledad: ahí entran los cuidados paliativos a cualquier hora, pero también compartir con los nuestros la visión sobre nuestra vida y el final de ella.
La doctora Marina Gandía convive con esas despedidas cada día. Ella dirige la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Morales Meseguer de Murcia. Y ve cómo lo habitual es que no haya comunicación, que afectados y familiares intenten protegerse mutuamente con un muro de silencio. Ya ha habido quien, al oir hablar de la nueva ley, le ha pedido directamente la eutanasia. Sin embargo ella considera que, cuando es posible la escucha, cuando la persona paciente es consciente de que se pueden controlar los síntomas y, en último término, sedar nuestros dolores, a veces esa opinión se matiza. Para ser libres de decidir necesitamos saber, según nos explica Caridad del Toro.
Después de casi cuarenta años de demanda social, numerosas propuestas de ley, tres de ellas en este siglo, y diez normas autonómicas vigentes sobre el derecho a morir con dignidad, la ley orgánica aprobada ahora busca conciliar el derecho de las personas a elegir con el derecho a que no se atente contra nuestra vida. Y para ello hay que establecer condiciones en las que ayudar a morir no sea delito.
Casos tan mediáticos como el de Ramón Sampedro generan una compasión social extendida que cristalizan en la regulación del caso extremo de desear poner fin a una situación que la persona considera insoportable.ara evitar que haya presiones, falta de información sobre tratamientos y posiblidades o cualquier circunstancia que enturbie el proceso, se pide al paciente que reitere su petición hasta cuatro veces, y que revise su médico más otro distinto, y la comisión de evaluación. Algunos, dice Caridad del Toro, consideran que un exceso de garantías puede lesionar el derecho a la eutanasia.
En cuanto al testamento vital, tan poco utilizado a pesar de estar vigente desde hace más de veinte años, debería ser un instrumento generalizado, y quizás uno de los efectos de esta ley sea un nuevo impulso para dejar clara ante nosotros, la familia y el personal sanitario, nuestra posición reflexiva respecto a posibles situaciones que debamos afrontar cuando lleguemos al proceso final de nuestra vida.
En la Sesión General celebrada el 24 de marzo en el Hospital Morales Meseguer participaron el profesor José Ramón Salcedo y el doctor Francisco Javier Júdez, que anticiparon sus respectivas reflexiones en la Tertulia de bioderecho que regularmente ofrece el programa Tarde Abierta, de Jacinto Nicolás.
