La ley de Contratos del Sector Público establece que el 10% de la contratación deberá estar reservada para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción, pero en la actualidad, no llega al 1%
ELVIRA SÁNCHEZ. Murcia
La inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo un reto pendiente en nuestro país. La ley de Contratos del Sector Público establece que el 10% de la contratación deberá estar reservada para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción. Pero la realidad es muy distinta: estos contratos ni siquiera llegan al 1% en nuestra Comunidad.
Por este motivo nace la Plataforma por la Inclusión Social y Laboral en la Región, integrado por asociaciones y entidades del tercer sector. El objetivo es dar a conocer a particulares y empresas los servicios que ofrecen en sus centros y establecer un plan de acción conjunta con el Gobierno regional para fomentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social, según ha explicado el secretario general de Cáritas y también de la Plataforma, Juan Antonio Illán.
Porque el trabajo dignifica, favorece el desarrollo profesional y personal, y puede hacer que, para aquellos que lo han perdido todo, su vida vuelva a tener sentido. Es lo que le ha ocurrido a Blas Martínez, que por una serie de problemas y adicciones se quedó en la calle y, gracias a Jesús Abandonado, pudo entrar en el programa de inserción y empleo de Traperos de Emaús.
