Sergio Ramos, autor de la denuncia sobre el presunto trato de favor al familiar de Teodoro García y asesor jurídico de Izquierda Unida, señala que los denunciantes se constituirán en acusación particular
PACO MARTÍNEZ. Murcia
Sergio Ramos, el asesor jurídico de Izquierda Unida y Podemos, y autor de la denuncia que ha obligado al instructor del juzgado número 7 de Murcia a abrir diligencias previas para aclarar si el presidente regional, Fernando López Miras y el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, cometieron un delito de cohecho por un supuesto trato de favor en la sanidad pública regional, según Infolibre, para un familiar del secretario general del PP, Teodoro García Egea, señala que los mensajes en los que se apoyan sus sospechas "no han sido nunca desmentidos ni su autenticidad puesta en duda, así que en ningún caso cabría hablar de una denuncia falsa".
Ahora será la Fiscalía, la que tendrá que decidir si hay indicios para abrir una investigación penal. Aunque los denunciantes ya han anunciado su intención de constituirse en acusación popular para asegurar que el caso no se cierra en falso. Sergio Ramos cree que "también los pacientes que fueron desplazados de la lista por el familiar de García Egea deberían tener la oportunidad de personarse como acusación particular".
Ramos dice que "también que de la denuncia está excluído Teodoro García Egea porque, a diferencia de López Miras y Torrente, él si sigue aforado y eso hubiera complicado la tramitación del caso". Tampoco está claro si García Egea podría haber incurrido en un delito por pedir un favor, aunque si el procedimiento prospera y las investigaciones le señalan, "la denuncia podría ampliarse para incluirle también a él", según Ramos.
Sobre ese último aspecto hablaba en el programa de Onda Regional 'Tarde Abierta' el senador de Ciudadanos por Murcia, Miguel Sánchez. La posibilidad de que un juez de primera instancia encause al presidente del Gobierno regional es fruto de una reforma parcial del Estatuto de Autonomía que suprimió los aforamientos. Sánchez decía que "esta reforma no pudo ser tumbada por la alianza entre el PP y los tránsfugas de su partido y de VOX, como sí han hecho con la que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados"
El secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, es uno de los señalados por este asunto. Preguntado el consejero de Salud, Juan José Pedreño, si mantiene su confianza este este alto cargo, elude pronunciarse. Sobre este proceso judicial, Pedreño dice que "siga el curso que tenga que seguir".
