La regulación de los alquileres, aún pendiente de acuerdo en el gobierno de la nación, no es el único problema de vivienda para los más vulnerables
ANA R. GÓMEZ |
A pesar de las medidas de urgencia tomadas a causa de la pandemia, organizaciones como la Asociación en Defensa de la Vivienda y la Integración Social (ADVIS) están saturadas por peticiones de ayuda. Es el caso del matrimonio que será desalojado de su domicilio en San Javier el próximo 10 de marzo. No tienen nada, ni siquiera circunstancias que favorezcan el auxilio social, como hijos o personas dependientes. Nos lo cuenta Charo Tárraga, portavoz de ADVIS, quien reclama más dinero y más medios de la administración para atender la multitud de necesidades, que se han incrementado con la penuria económica derivada de la COVID-19:
Se necesitan viviendas para alquilar y alquileres asequibles. Las ayudas que hay, dice Tárraga, llegan tarde y apenas suponen un parche para las necesidades que se deben atender.
La Asociación en Defensa de la Vivienda, nacida en San Javier y con ámbito regional, rechaza los bulos sobre los denominados "okupas". Charo Tárraga recuerda que el allanamiento (entrar en la casa de alguien) se resuelve con rapidez, incluso en segundas residencias. Otra cosa es la usurpación, referida a viviendas que llevan mucho tiempo vacías y suelen pertenecer a fondos de inversión o grandes propietarios. En cualquier caso, es difícil hacer cumplir las normas con los medios insuficientes que tienen los servicios de la justicia.
