El fiscal del caso Topillo por contaminación en el Mar Menor pide para el excomisario de Aguas de la CHS y el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, 1 año y 9 meses de prisión e inhabilitación por nueve años
PACO MARTÍNEZ. Murcia
Ya se ha hecho público el escrito de calificación de la Fiscalía de Medio Ambiente de la Región de Murcia sobre el caso Topillo por contaminación del Mar Menor. Entre lo más destacado que recoge: la solicitud de un año y nueve meses de prisión, así como su inhabilitacion para cargo público durante 9 años, para el exconsejero de agricultura Antonio Cerdá y para el que fuera Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, Manuel Aldeguer. A ambos, a los que imputa varios delitos contra el medio ambiente, les impone una mulata de 16 meses con una cuota de 12 euros diarios.
En su escrito de conclusiones, que también deben presentar el resto de partes del proceso, el fiscal, Miguel de Mata hace referencia a que "el incremento masivo en la superficie regable, unido al uso generalizado de abonos nitrogenados por los agricultores para la optimización de las cosechas, ha provocado un incremento severo de los niveles de nitratos presentes en los suelos y en los acuíferos cuaternario y plioceno". Añade que "buena parte del excedente" ha terminado depositado en el Mar Menor por los intercambios subterráneos, las aportaciones superficiales, los vertidos directos a través de la Rambla del Albujón y las escorrentías provocadas en episodios de lluvias torrenciales.
En este sentido señala que Cerdá para controlar fertilizantes estableció "una previsión formal pero siendo consciente de su falta de operatividad". De Aldeguer, el texto dice que "no adoptó decisión alguna para la inspección, sanción y desmantelamiento" de desalobradoras en la zona. Sobre la expresidenta del organismo de cuenca Charo Quesada, el ministerio público pide el archivo de la causa.
La Fiscalía reclama para medio centenar de empresas agrícolas y sus representantes investigados penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, así como asunción de responsabilidades civiles que alcanzan los 1,4 millones de euros.
