Asociaciones murcianas celebran la ley del "sí es sí" pero con matices, sobre todo respecto al consentimiento. Desde el ejecutivo regional, la directora de la Mujer reclama más calma para estudiar la nueva norma
Las feministas murcianas reciben con alegría la aprobación el pasado viernes de la conocida como "ley del sí es sí", aunque se mantienen las dudas respecto al alcance del consentimiento. Hay avances en los castigos a las violencias sexuales, incluyendo la digital, y también formación y atención psicológica. En el gobierno regional, la directora de la Mujer considera que se ha aprobado con prisas.
Alba Marco, portavoz de Femereñas, colectivo feminista de la pedanía de El Palmar, cree que el tema del consentimiento ha sido denostado de modo machista y despectivo, pero al margen de ello no se entiende bien, en tanto coloca a las mujeres como personas pasivas y no tiene en cuenta la coacción subyacente que puede haber en ciertos casos:
Entre las sanciones que incluye la ley, siempre los agresores estarán obligados a la educación sexual obligatoria. Y esa es la cuestión de base, la que hay que abordar, nos dice Alba, que defiende la educación desde la infancia.
La ley de Garantías de la Libertad Sexual ha tenido una tramitación de once meses, con un texto que basa las relaciones sexuales en el consentimiento explícito como eje central, y del que se han caído cuestiones como la elaboración de un tipo penal específico para las violaciones en grupo. Surgió justamente de protestas sociales muy fuertes con el llamado "caso de la manada". Por eso, desde el Consejo de la Juventud de España Margarita Guerrero afirma que esta ley era una asignatura pendiente. Y destaca, más allá del castigo a los delitos, la apertura de centros de ayuda para atender a las víctimas y a sus familiares.
Aparece la figura del feminicidio sexual, es decir, el homicidio contra mujeres vinculado a la violencia sexual, y otras formas de violencia como el acoso callejero o la violencia digital. Hace tiempo que se demanda esta protección legal, cuenta Encarna Madrid, del Movimiento Feminista Molinense.
No tomar una postura decidida contra el proxenetismo es un problema grave para la directora general de la Mujer, Silvia Muñoz, que también echa en falta otras cuestiones, como que las rentas de inserción amparen también a víctimas de violencias diferentes, como la mutilación genital. Muñoz considera que el tema del consentimiento no está bien explicado en la norma, y que hay un enfoque demasiado centrado en el agresor.
En general Silvia Muñoz atribuye una perspectiva política de precampaña, y considera que a esta norma hay que verla sin condicionantes electorales.
