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El Ayuntamiento de Murcia investiga posibles irregularidades del anterior equipo de Gobierno en convenios urbanísticos de la zona norte

El PP desmiente que el equipo de Ballesta hiciera caso omiso a las sentencias del TSJ en 2016 y del Supremo en 2017 utilizando 26 millones de euros de forma irregular en obras que no correspondían

12 MAY 2022 - 14:05
El Ayuntamiento de Murcia investiga posibles irregularidades en los convenios urbanísticos de la zona norte
Rebeca Pérez y Eduardo Martínez Oliva (izqda), y Enrique Lorca y Andrés Guerrero (dcha). ORM
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El Ayuntamiento de Murcia investiga posibles irregularidades del anterior equipo de Gobierno en convenios urbanísticos de la zona norte
08:37

REDACCIÓN. Murcia

El Ayuntamiento de Murcia abre una investigación para determinar si el anterior equipo de Gobierno, liderado por el popular José Ballesta, destinó dinero procedente de las promotoras de la zona norte para financiar otras obras contraviniendo sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo. Serían, según el diario La Verdad, 26 millones de euros con los que se habría remodelado el Paseo Alfonso X, construido la escuela infantil de La Paz o las infraestructuras de Murcia Río, entre los años 2016 y 2020.

Y todo pese a que el TSJ dictó en 2016 una sentencia en la que advertía al consistorio de que los fondos aportados por las constructoras no podían utilizarse para ningún otro fin que no fuera el de los sistemas de patrimonio de suelo público y la dotación de sistemas generales de infraestructuras y equipamientos en las zonas urbanizadas. El fallo fue ratificado por el Supremo en diciembre de 2017.

El concejal de Gestión Económica, Enrique Lorca, afirma que ya han pedido informes a los servicios técnicos de contratación y financiación de las obras municipales. Dice que quieren llegar hasta el final para comprobar si esas actuaciones fueron legales. Si no es, cree que el grupo municipal popular debería dimitir en bloque.

El concejal de Desarrollo Urbano, Andrés Guerrero, ha apunado que hace dos meses su departamento creó una mesa técnica interna para estudiar la situación de esos convenios urbanísticos de la zona norte dado que ya se habían detectado algunas irregularidades. En el año que PSOE y Ciudadanos llevan al frente del Ayuntamiento, señalaba, no se han hecho más inversiones con esos fondos e incluso se han paralizado proyectos cuya financiación tenía cargo a esas dotaciones. No han llegado a sacarse a licitación por las dudas que planteaban.

REACCIONES A LAS POSIBLES IRREGULARIDADES

Estos son los hechos y, después de los hechos vienen las reacciones. El concejal del PP, Eduardo Martínez Oliva, que antes de la moción de censura que desbancó a Ballesta ocupaba el departamento de Hacienda en el Ayuntamiento de Murcia, asegura que las obras contaban con los informes técnicos favorables de la Intervención municipal, la dirección económica presupuestaria y fueron aprobadas en pleno por unanimidad. Afirma también que de haber contado con ese respaldo mayoritario, esos trabajos no habría podido ser financiados con ese presupuesto procedente de los convenios no ejecutados de la zona norte de Murcia.

Lo que no explica Martínez Oliva es que lo que se presentó a votación en el pleno es un proyecto con una financiación determinada pero en ningún momento se informó de que ese dinero finalista correspondía a los trabajos a realizar en la zona norte de la ciudad. Al alcalde, José Antonio Serrano, le parece que el Partido Popular sólo está echando balones fuera en este asunto intentando cargar a los funcionarios la responsabilidad del incumplimiento de las sentencias de los tribunales. En su opinión, la situación es grave.

Sobre el asunto se ha pronunciado también el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento. Ginés Ruiz sostiene que el equipo de Ballesta incumplió sentencias judiciales con pleno conocimiento. Concluye señalando que de esa manera, ignorando la ley, es muy fácil hacer política.

ORIGEN DE LA SENTENCIA DEL TSJ

El origen de este conflicto hay que buscarlo en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Murcia que anuló el Plan Especial de Infraestructuras de la zona norte de la ciudad, dando la razón a las reclamaciones de las empresas con las que el Ayuntamiento había suscrito convenios para el desarrollo urbanístico del entorno de Nueva Condomina.

En aquella sentencia, de marzo de 2016, se explicaba textualmente que "el coste de ejecución de las infraestructuras que son objeto del Plan Especial ha de asumirse por el Ayuntamiento con esas cantidades obtenidas de los convenios", cantidad que la propia sentencia calculaba en el entorno de los 180.000.000 de euros. A eso, añade la sentencia, y aquí está la clave, "sin que pueda el Ayuntamiento destinar la cantidad necesaria para costearlas a otros fines". La conclusión se confirmaba además "con los distintos informes técnicos y pruebas periciales practicadas"

Ya se sabe que la mejor defensa es un buen ataque. Y eso es lo que parece haber hecho el concejal del PP Eduardo Martínez Oliva al criticar que el vicealcalde, Mario Gómez, de Ciudadanos, ha suscrito en el último año alrededor de 400 convenios menores por valor de 900.000 euros. El edil popular dice no entender por qué hace uso de esa figura después de haberla utilizado como arma política para justificar el pacto de gobierno con PSOE y Podemos.

Va más lejos al señalar que, aunque Gómez se comprometió en 2019 a articular un contrato marco para los servicios de repuestos y reparación de los Servicios Generales, policía local, tres años después sigue usando el contrato menor. Le acusa, además, de adjudicaciones a dedo sólo con 4 empresas.

RESPUESTA DE MARIO GÓMEZ A LAS ACUSACIONES DEL PP

El vicealcalde, Mario Gómez, asegura que los contratos menores se han reducido en un 70 por ciento tras la entrada del nuevo equipo de Gobierno y matiza que él no denunció la utilización de esa modalidad contractual, sino los contratos irregulares e ilegales.

Indica que en 2018 se hicieron 16.000 contratos menores, en 2021 se han hecho 4.280, por lo que asegura que él siempre ha denunciado internamente su uso desmedido.

Además, señala que, además del abuso de los contratos menores, el equipo de Gobierno del PP pedía presupuestos a empresas de un mismo grupo, de modo que no se podía hacer una valoración competitiva. Pone un ejemplo, en el que se pidió un presupuesto a la empresa a través de tres miembros de la misma familia.

Actualmente se utilizan para contratación de vehículos y edificios públicos y asegura que trabaja en reducir el uso en el Ayuntamiento.

 

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